El investigador, que ha estudiado las relaciones entre el crimen organizado y el Gobierno en diferentes países, lo tiene claro: hay que dejar atrás marchas y discursos y apostar por reformas al sistema político de México

El 7 de noviembre pasado, Jesús Murillo Karam, procurador general de la república, ofreció una rueda de prensa en la que, con base en declaraciones de presuntos delincuentes, se daba prácticamente por muertos a los normalistas de Ayotzinapa. No obstante, el procurador dijo que “la investigación queda abierta hasta agotar todas las posibilidades de identificar los restos humanos. Mientras tanto, se seguirá considerando como desaparecidos a los estudiantes”. Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo aquellas que pusieron en duda la veracidad de la versión oficial.

Para Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia AC, el problema no es si los dichos de la Procuraduría General de la República (PGR) son ciertos o no, sino que la institución “tiene, lamentablemente, una capacidad muy limitada para dirigir investigaciones de delitos complejos. Además, hay un problema de falta de legitimidad. Y para que la justicia pueda funcionar, las víctimas y los familiares deben creer en la institución. Si la gente no cree o desconfía debido a los altos grados de corrupción, todo intento de la PGR por dar conclusiones sin fundamentos científicos va a caer en saco roto”.

La crisis por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa —que se viene a sumar a una cadena de agravios contra la sociedad civil, violaciones a los derechos humanos, desapariciones y un largo etcétera— ha provocado una ola de reacciones que trascendió fronteras. Sin embargo, Buscaglia, quien durante mucho tiempo ha estudiado las relaciones entre el crimen organizado y el Gobierno, como en los casos de Colombia e Italia, lo tiene claro: “Hay que dar el siguiente paso: tener propuestas concretas, leyes, mecanismos institucionales”.

Si la PGR y el sistema judicial mexicano están tan desprestigiados, ¿cómo lograr justicia para las víctimas?

En países como México, o Nigeria, o Pakistán, donde la justicia tiene muy poca legitimidad social o se dan crímenes de lesa humanidad, lo que se hace es crear Comisiones de la Verdad. En los países donde se han creado —Sudáfrica, Argentina, Camboya, por ejemplo—, han tenido un relativo éxito en generar confianza, ya que son formadas por miembros prestigiosos de la sociedad civil que, asesorados por peritos y científicos, van recabando pruebas, testimonios, material científico, ADN. Luego, todo eso se vuelca a una instancia supranacional que sí tiene legitimidad, como la Corte Penal Internacional de La Haya, donde se atienden casos de crímenes de lesa humanidad cuando la población no cree en la justicia de su país o cuando la justicia está paralizada. En México suceden ambas cosas: primero, la población no cree en la justicia; segundo, todos los colegas, científicos y estudiosos que se han ocupado del sistema judicial mexicano señalan que en México hay un grado de impunidad de 99 por ciento.

Entonces, lo que tiene que hacer la PGR es coordinar la Comisión de la Verdad, acercarse de buena fe a la sociedad civil y decirle que va a colaborar. Si hace esto, los familiares de las víctimas van a comenzar a interactuar de manera menos agresiva. Uno no puede juzgar el dolor inmenso que sufren los familiares ante situaciones en las que las autoridades han formado parte de un crimen.

Ésa es una cuestión que ha dividido opiniones: ¿fue el Estado?

No importa si fue en el orden municipal: el Estado mexicano ha sido parte de este crimen de lesa humanidad. La misma PGR está acusando a funcionarios públicos. Entonces, ante una situación en la que el Estado forma parte de un crimen, no se puede ser juez y parte. El Estado tiene que alejarse, dejar el caso en manos de la Comisión de la Verdad y llamar a instancias supranacionales que sean confiables. Porque, por ejemplo, la Corte Interamericana de Justicia está muy cuestionada por la politización. El gobierno mexicano ha colocado a su gente en la Corte y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y, por lo tanto, no es una institución creíble para atender crímenes en los que esté involucrado el Estado mexicano. Hay que ir a una instancia que se perciba imparcial, como la Corte Penal en La Haya, donde el Gobierno mexicano no puede sesgar el resultado.

Si la PGR pretende dirigir este caso como ha hecho con otros, su situación va a ser cada vez más comprometedora. La PGR tiene que formar parte de la solución y no seguir formando parte del problema.

¿Qué hay de otros actores sociales, como los empresarios?

Primero es importante diferenciar al empresario serio, que no forma parte de este grupo de corruptos que están decidiendo contrataciones públicas, licitaciones, capturando instituciones. Los empresarios en serio están asustados, porque ven que la situación de seguridad se sale de control y quieren formar parte de la solución, quieren aglutinarse con propuestas y es buena hora para que lo hagan.

Pero lo que ustedes llaman empresario en México son en realidad cortesanos del Estado. Los que están a cargo del sistema financiero bancario, empresarios ligados al sector de las comunicaciones, a la televisión, todos han recibido activos del Estado en condiciones favorables. No son el empresario que compite, que genera innovación tecnológica, el Steve Jobs, vamos. Son gente que recibió oligopolios, que es protegida políticamente y sigue formando parte del problema porque ha bloqueado las grandes reformas. Esta gente, por más que no cometa delitos, forma parte del problema.

Usted ha hablado de paralizar el sistema económico. ¿Hay condiciones en México?

Hay que hacerlo, pero con propuestas. Las marchitas se terminaron en México: hay que dar el siguiente paso. La sociedad civil tiene que venir con leyes, con propuestas concretas: legislaciones, mecanismos institucionales, etcétera. Ya no pueden estar haciendo marchitas y sus líderes corriendo a Gobernación para ver qué negocian para ellos mismos, como hicieron en la época de Calderón. La sociedad civil tiene que tomar el toro por los cuernos, ir con propuestas al Congreso, rodear a los congresos locales. En mi cuenta de Twitter he dejado algunas ideas para que la gente vea que hay propuestas simples que se tienen que empujar.

Pero toda reforma debe pasar por el Congreso, que está dominado por los partidos políticos y sus intereses…

La cuestión es así: la medida número uno que propongo son las listas abiertas. Si tú tienes un sistema de candidaturas que son fabricadas por caciques cooptados por mafias —sean los Chuchos o los Zambrano o los Madero o los del PRI—, y son ellos los que deciden quién es candidato y quién no, es muy fácil que los partidos pongan a mafiosos sin que se entere el pueblo.

Entonces, lo primero es forzar a los políticos en el Congreso para que reformen la ley electoral. Y no lo van a hacer nunca en condiciones normales de temperatura y presión. Pero si estos políticos están con miedo de que la delincuencia organizada los asesine y, al mismo tiempo, tienen al pueblo fuera bloqueando las salidas, sin violencia, pacíficamente y si además se les presiona en los medios internacionales, es mucho más factible que lo hagan.

Hay que reformar la ley electoral a través de una presión popular cabrona pero bien focalizada en la propuesta, no en quemar carros, no en quemar nada. Hay que empezar a trabajar pero en serio, y la sociedad civil mexicana ya ha dado signos de madurez. Los movimientos sociales en México han dado pésimos resultados porque sus líderes se han puesto a negociar antes de ir con una agenda para imponerla. Cuando hay un Estado mafioso hay que imponer la agenda, pero no con violencia, sino con propuestas. m.