Presunto culpable sigue desnudando el caótico laberinto jurídico en el que nos ahogamos.

La película, la más polémica, publicitada y  aguda de cuantas producciones mexicanas se recuerden en los últimos años, ha logrado convocar a medio millón de espectadores en  apenas dos semanas, 80,000 en su último día de exhibición (jueves 03 de marzo)  quienes la  hemos  visto sabemos que  lo estimulante  no es solamente que un film documental (es por supuesto más que eso) logre una resonancia mayúscula,  lo realmente admirable de  Presunto culpable  es su capacidad de contarnos  una historia demasiado común, rutinaria,  ominosamente presente y  cotidiana que es la injusticia. Hacernos testigos del vergonzoso deterioro e inoperancia del sistema judicial mexicano alerta, intranquiliza, e indigna. Por eso es una película memorable y un documento imprescindible sobre el México que vivimos.

Producida y dirigida por los abogados  Layda Negrete y  Roberto Hernández, resultado de una investigación del CIDE, Presunto culpable  hace evidente  la omnipresencia de esa lija ciega que policías, jueces y testigos estúpidos y mentirosos y corruptos aplican a nuestras posibilidades democráticas, y que con absoluta impunidad ha mandado tras las rejas  a miles de inocentes, al igual que lo intentaron con José Antonio Zúñiga.  Estamos en sus manos, fatalmente condenados a un estado de  permanente culpabilidad.  La única defensa, afirma la película, es acercar la mirada  y los micrófonos para denunciar y resistir al  denso tejido de  arbitrariedades  y excesos.

A través del Imcine, que fungió como co-productor, el Gobierno Federal apoyó el  proyecto de los abogados-cineastas. Desde su conclusión en  2009  hasta su espectacular estreno en el circuito comercial hace un par de semanas, Presunto culpable ha participado por conducto del  Imcine en innumerables festivales nacionales e internacionales cosechando una veintena de premios y creando una expectativa  raras veces  vista en el medio cinematográfico mexicano.

Pero la maquinaria monstruosa no  se detiene. La juez duodécima de distrito en materia administrativa  en el distrito federal,  Blanca Lobo Domínguez, ordenó el miércoles 2 de marzo  la suspensión provisional de la exhibición de la película al dar entrada al recurso de amparo contra la Dirección General de  Radio, Televisión y Cinematografía promovido por Víctor Manuel Reyes Bravo,  el único testigo que aparece durante la audiencia pública del proceso filmado en la película. Reyes Bravo señala que nunca autorizó a los realizadores el uso de su imagen  -ni él ni el Ministerio Público lo impidieron en su oportunidad- y que al hacerlo trasgreden su derecho a la intimidad y a la vida privada.

De inmediato, una vez más,  la esquizofrenia viral  hizo presa de las redes sociales. Muy poco después de la noticia emergió de manera frenética,  estridente,  (crece, golosa, la carroñería de los necios) el sonoro reclamo: “¡Censura del gobierno! ¡Censura!”

Como después de una horas  se supo bien,  no hay fundamento alguno para  ello. Puedo decirlo conociendo de cerca el funcionamiento de los procedimientos aplicados en este caso.  Las atribuciones de RTC no tienen el alcance que la juez pretende.  Sin embargo, a pesar de  la desconfianza que cause, tampoco  hay razón  para que  comunicadores y productores  desacrediten a Reyes Bravo por su nivel escolar de quinto de primaria, pues cualquier ciudadano  tiene pleno derecho a promover un juicio de amparo.

La censura  proviene por ahora del aparato judicial. Al no sustentar que la exhibición de Presunto culpable supone un auténtico daño individual para impedir la exhibición pública de la película, es absolutamente improcedente la  decisión de la mentada juez y conlleva por sí misma un acto de censura.

Lo que debe reclamarse, debatirse de manera pública,  es  esta capacidad del sistema para admitir argucias legales que  claramente son un obstáculo para la impartición de  justicia. Lo insoportable es, una vez más,  lo que Presunto culpable pone ante nuestros ojos: lo poquito que se requiere para que  alguien -quien esté detrás con sus propios intereses y miras políticas- logre un decisión judicial injustificada y absurda.

Por cierto, a esa censura se han opuesto, con asertividad,  el distribuidor-exhibidor, Cinépolis, la Secretaría de Gobernación, Conaculta, Juayderrito López-Dóriga, el candidote Alejandro Encinas, mi abuelita que le encanta el cine y cientoveintitresmildoscientosochentaycuatro valientes twitteros. De todos, todos. Y todos seguimos sin saber quién y para qué.

La película, no tengo la menor duda,  se seguirá exhibiendo (con un indiscutible envión promocional), pero no se preocupen twitteros: tragedias y  villanos por estas tierras  sobran, ya llegará el siguiente asunto.