La salida momentánea de México del padre Alejandro Solalinde debilita de cierta forma a la sociedad. Sin embargo, su decisión fue oportuna en un escenario donde la gobernabilidad está deteriorada y las instituciones han perdido credibilidad, coinciden académicos del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

El coordinador del programa, José Antonio Ibáñez Aguirre, explica que, de haber tomado la decisión de quedarse, el padre Solalinde, defensor de los derechos humanos de los migrantes y director del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca, se habría convertido en un “objeto político de costo, debido a que la gobernabilidad está por los suelos”. En este sentido, la investigadora Sandra Salcedo refiere que, con su salida, Solalinde deja un vacío, pero temporal, en la sociedad mexicana, que recurre a defensores de derechos humanos e incluso a periodistas ante la falta de instituciones que ejerzan la justicia.

Por otro lado, los académicos señalan que con esta situación el gran déficit de México y el gran perdedor social es la administración de la justicia. El grave problema de violaciones a los derechos humanos en México no es un secreto: incluso los relatores de los derechos humanos a nivel internacional, en sus informes, han denunciado los nexos, vínculos y pruebas sobre las autoridades que patrocinan agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas y las instituciones hacen poco por solucionar este problema.

La justicia en México está empantanada, la reforma constitucional en la que se legitiman los derechos humanos en la Carta Magna es un avance, pero también “una cortina de humo para quedar bien ante la justicia internacional, porque aún no es operativa”, destaca Ibáñez Sánchez.

Sobre la Ley de Víctimas impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que establece medidas para investigar y resarcir los daños causados a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, añade que es una ley escrita por la sociedad civil y la academia ante la apatía de los legisladores.

 En el actual proceso electoral, el académico señala que ningún candidato ha incorporado en su discurso la importancia de garantizar protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Una política de seguridad que puede funcionar, en el entendido de que la política de seguridad de los últimos años no funciona, es ponerse del lado de las víctimas, dejar de hacer catarsis, optar la legislación para que reparar los daños y no dejar que gane la simulación.

Para saber más del padre Alejandro Solalinde y su trabajo, les recomendamos leer esta entrevista.