A propósito de la Operación Rápido y Furioso, en la que presuntamente el Gobierno de Estados Unidos infiltró armas a México so pretexto de detectar células de tráfico, invitamos al académico Antonio López Mijares* a que nos diera su opinión, misma que les compartimos.

Foto tomada de www.vanguardia.com.mx

La operación encubierta del Gobierno de Estados Unidos —que tenía por objetivo el rastreo de armas para detectar células o núcleos de narcotraficantes— permite hacer varias consideraciones de interés sobre los temas de seguridad, relaciones Estado-sociedad y tráficos ilícitos.

La zona fronteriza parece haberse convertido en un muro más o menos infranqueable para los inmigrantes, pero también en un espacio compartido donde se entrecruzan todos los procesos, tráficos, corporaciones y personas imaginables; un mundo poroso, con lógicas propias de intercambio, donde legalidad e ilegalidad son referencias, no divisiones estrictas en términos jurídicos y políticos.

El narcotráfico, arraigado en la aceptación cultural del consumo, en el papel significativo en términos macroeconómicos de los capitales blanqueados, en su interacción funcional con otros tráficos (de personas, armas, etcétera), no puede ser entendido —ni por tanto combatido— mediante una estricta lógica de persecución policiaca: la falta de detenidos en los Estados Unidos, la disponibilidad de droga en las ciudades y calles estadunidenses, y el acotamiento de la violencia a zonas específicas (casi siempre ghettos urbanos), muestran que, en realidad, la lucha contra el narcotráfico reproduce una relación centro-periferia por la cual los países consumidores se mantiene  al margen de las peores secuelas de la violencia, mientras los países productores y comercializadores asumen los costos internos —sociales, jurídicos, humanos— de abastecer con eficacia los variados consumos de las sociedades opulentas.

La guerra contra el narcotráfico en nuestro país, justificada y necesaria, se emprende de manera unidimensional, aparentemente sin considerar aspectos como el control de los flujos financieros, la aceptación cultural de la figura del narcotraficante, las relaciones entre delincuencia y política, la integración de la economía de las drogas en la economía “normal” (el cultivo de enervantes como modus vivendi para zonas enteras del país). Es decir, el arraigo simbólico y real del fenómeno en las realidades públicas y privadas.

Por otra parte, se percibe una erosión del concepto tradicional de soberanía, al plantearse la posibilidad de que organismos de seguridad del vecino país vengan a supervisar, y quizás incluso a dirigir, el combate contra la delincuencia organizada. ¿El gobierno de México sigue definiendo las estrategias de lucha? Diversos periodistas, entre ellos Miguel Ángel Granados Chapa, señalan que las autoridades mexicanas han perdido autonomía y protagonismo en un combate cuyas consecuencias pagamos los ciudadanos mexicanos.

En fin, espero que resulten útiles estas reflexiones en voz alta (mejor dicho: a vuelapluma).

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* Antonio López Mijares

Es licenciado en Economía por la UdeG, maestro en Comunicación con especialidad en Difusión de la Ciencia y la Cultura por el ITESO y doctorante por la misma institución. Fue coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales y actualmente se desempeña en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Es editor de la revista electrónica Debate social.