México y el orwelliano Acuerdo Comercial Anti Falsificaciones (ACTA)
Luis Aguirre Gómez – Edición
Actualmente, el uso de la web social nos permite tener actividades y utilizar recursos que poco a poco se van convirtiendo en parte de nuestra cotidianidad. Por poner algunos ejemplos, diré que con el hecho de tener un dispositivo con acceso a la red podemos enterarnos del discurso de una portavoz de la resistencia contra el gobierno cubano, se puede acceder a filtraciones de diversos documentos clasificados a nivel gubernamental y empresarial, podemos hacer uso o participar en proyectos comunitarios como Linux, generar y consumir recursos de distintos y variados tópicos, podemos participar en redes de organización que empiezan en Twitter y acaban en la calle y en algunas partes del mundo el consumo colaborativo empieza a ser una opción en los procesos productivos de bienes y servicios. Estas y otras actividades eran prácticamente impensables hasta hace ocho o diez años.
Esta convergencia de tecnología y su uso cotidiano nos provee una plataforma comunicativa que posibilita a los usuarios el expandir sus actividades a nivel global y en tiempo real, con un alcance potencialmente exponencial y de resultados impredecibles. Esto no significa, por ejemplo, que Facebook y el uso de Twitter derrocaron al ex presidente egipcio Hosni Mubarak el pasado mes de enero, pero sí que la suma de discursos, reclamos, anhelos y tecnología fueron determinantes en beneficio de un movimiento con raíces en la desigualdad y la injusticia prevaleciente por años en esa nación.
David Throsby define a esta suma de factores como un generador de innovación, es decir, un espacio donde convergen las ideas, habilidades, la tecnología, los procesos de producción y la cultura. Así, la red se ha convertido en campo de actividades y prácticas en donde (hasta este momento) no existe una relación jerárquica de parte de ningún actor, ni estatal, ni empresarial, ni religioso; es la más cercana herramienta que tiene un ciudadano para poder posicionarse y tener una voz más activa dentro del enramado democrático que es dominado por la burocracia, los sindicados, partidos políticos y los lobbies empresariales. Y es por eso que el tema del control de Internet ha entrado en la agenda de diversos países, y en ciertas latitudes con mayor fuerza que en otras.
México no es la excepción. Desde el año 2007 ha estado involucrado en la negociación de un tratado comercial junto a países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y la misma Unión Europea. Se trata del Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés). Este documento es complejo, pero su propósito principal es crear un marco normativo que proteja a la propiedad intelectual. Sin embargo, el problema es que pretende reglamentar el uso de normas (como copyright) surgidas en el siglo XVIII,en una actualidad donde cada usuario posee en su computadora, laptop, tablet o smartphone, una productora y reproductora de contenidos y en internet, la posibilidad de distribuirlos. Este es el primer asunto a analizar: el hecho de que no se están tomando en cuenta las actividades y prácticas que cotidianamente se realizan por medio de la web social.
El segundo problema radica en que la participación en la construcción de este acuerdo se dio por medio de burócratas que no fueron elegidos mediante el voto y, por lo tanto, no representan ni al poder legislativo ni al ejecutivo federal, como es el caso de Jorge Amigo, extitular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o Eduardo Sojo y Bruno Ferrari, desde su respectivo periodo al frente de la Secretaría de Economía. Además, ACTA ha recibido un fuerte apoyo por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Sin embargo, el contenido de esta negociación nunca fue del dominio público, y fue una filtración en Wikileaks la que destapó el texto de este tratado, así como el verdadero interés de la anexión de nuestro país a este acuerdo: ser un aliado de Estados Unidos en contra de las políticas brasileñas de propiedad intelectual. A raíz de esta opacidad, se han realizado diversas mesas de trabajo en el Senado de la República para que se presenten los argumentos a favor y en contra.
El tercer asunto, que nos concierne de manera muy directa a cada uno de nosotros, es la manera en la que se pretende garantizar la protección de la propiedad intelectual. Se pretende obligar a las empresas proveedoras de Internet a vigilar toda actividad realizada por este medio para detectar cualquier infracción al copyright de los contenidos que se utilizan (razón por la cual Telmex se ha opuesto a la firma de este tratado). Es decir, deben de monitorear todas nuestras actividades vinculadas a Internet, incluso si las realizamos en nuestro hogar, siendo una clara violación a la privacidad y las garantías que tenemos como ciudadanos.
Por otro lado, las sanciones pretendidas pueden ser desproporcionadas como ocurre en países como Francia o Nueva Zelanda, en donde legislaciones locales con gran influencia de ACTA han sido aprobadas. Por último, se pretende la creación de un comité que tendría facultades para modificar el documento una vez aprobado y determinar líneas de acción a modo de los promotores del documento.
Afortunadamente, el trabajo argumentativo en el Senado ha puesto la balanza a favor del rechazo a la firma de este tratado, aunque todavía falta una mesa de trabajo. Posteriormente, el Grupo de Trabajo Plural del Senado Mexicano tendrá que tomar una postura al respecto de la aprobación de la firma o no.
El tema de ACTA y el copyright en la actualidad me hacen recordar la novela de ciencia ficción 1984, de George Orwell, por dos razones: la primera, fue el primer libro que bajé de Internet en 1999, y me gustó tanto que lo primero que hice al terminar de leerlo fue comprar la edición en físico; en segundo lugar, porque en ese momento me sorprendió la idea de que pueda existir un gobierno con la capacidad para monitorear, controlar e influir en la sociedad. Recuerdo cómo imaginaba ese régimen totalitario con conocimiento total de nuestras actividades cotidianas y haciendo uso de esa información para controlarnos e incrementar su poder.
Estoy seguro que aquí nunca tendremos un Ministerio del Amor, ni un Ministerio de la Verdad, pero me queda claro que la idea de tanta información (y poder) concentrada en unas pocas manos, y prácticamente a costa de nuestra privacidad, es simplemente un atropello a nuestras garantías individuales y un inhibidor creativo para el desarrollo de este país.