ACTA privilegia los derechos de autor y propiedad intelectual sobre los derechos de los usuarios de internet y el mercado de medicamentos genéricos, y desafortunadamente son pocos los trabajos que han abordado el tema de manera integral.

Foto: BoingBoing.net

Hace poco más de un año, escribí en este mismo espacio mi preocupación por el interés del gobierno federal por adscribir a México al Acuerdo Comercial Anti Falsificaciones (ACTA, en inglés). En ese entonces, expresé mi preocupación en tres sentidos: en primer lugar, es un acuerdo que pretende abordar de manera jurídica y legal un problema con implicaciones tecnológicas, culturales, de libre mercado y competencia, independientemente de que el tratado considera la acción de copiar como un robo, cuando claramente son dos cosas diferentes.

En segundo lugar, el cabildeo del acuerdo no ha tenido un proceso incluyente ni transparente. Tuvo que ser una filtración de Wikileaks la que develó la naturaleza del acuerdo y el interés por la participación de nuestro país en el mismo, entre otras cosas ser un aliado de Estados Unidos contra “los esfuerzos brasileños para socavar los derechos de propiedad intelectual”.

En tercer lugar, ACTA plantea un monitoreo por parte de los proveedores de acceso a internet para detectar cualquier infracción de copyright por parte de los usuarios, permitiendo que se les sancione por medio de un “comité” que hará valer el tratado en territorio nacional.

Pero no se trata solamente de internet: ACTA es también un inhibidor de la industria y comercialización de medicamentos genéricos.

Hace poco más de un año, el tema de la adhesión de México al tratado se discutió en diversas mesas de trabajo en el Senado de la República, situación que se dio gracias a la movilización ciudadana. En principio fueron un pequeño grupo de tuiteros (@sinkdeep, @antoniomarvel, @lion05), quienes luego recibieron el apoyo del senador Javier Castellón (@CastellonNay), tal y como se describe en el tercer capítulo de Ciudadanos MX: Twitter y el cambio político en México.

En las mesas hubo discusiones por parte de académicos, representantes del gremio cultural y algunos artistas, así como representantes de empresas como Telmex y Google. Al final, y gracias a las mesas de trabajo, se presentó ante la Segunda Comisión Permanente en el Congreso Mexicano un punto de acuerdo para que el poder  Ejecutivo no firmara ACTA.   

Cabe destacar que, junto con el punto de acuerdo, también hubo un posicionamiento en contra del tratado por parte de empresas como Google y Telmex, así como por parte de organizaciones no gubernamentales como Médicos sin Fronteras y Reporteros sin Fronteras. Incluso la COFETEL y el IFAI se pronunciaron en el mismo sentido.  

Sin embargo, el sexenio de Felipe Calderón se va a recordar por su nulo diálogo y falta de empatía con los ciudadanos, por un autoritarismo en el que el Ejecutivo da pie a acciones que dejan de lado procesos de gobernanza, la transparencia o al mismo poder Ejecutivo. Ejemplos hay varios: la total impunidad a los responsables de la guardería ABC, los “daños colaterales” de la guerra contra el narco, etcétera.

Sin duda alguna, la firma de ACTA en Japón –país depositario del acuerdo– por parte del embajador mexicano es el colofón de un sexenio opaco, sin rendición de cuentas y con un presidente más interesado en cumplir un compromiso con Barack Obama que con sus instituciones y ciudadanos.

A pesar de que existen varios filtros institucionales que pueden detener la ratificación del tratado, como el poder Legislativo e incluso la Suprema Corte, la adhesión de México al tratado se notifica por medio de un comunicado del IMPI plagado de afirmaciones que se contraponen de manera categórica a lo expresado en las mesas de trabajo y el punto de acuerdo en el Senado.

Para @lion05 la redacción de ACTA es ambigua y se corre el riesgo de que la autoridad cometan un abuso en la ley, además de ser una cuestión adversa a los ciudadanos al limitar su acceso a la información y libertad de expresión. Incluso puede utilizarse como una herramienta para regular lo que sucede a través de internet, argumento prácticamente similar al utilizado por el Parlamento Europeo hace un mes cuando no ratificaron la firma de la Unión Europea al acuerdo, dejando para el recuerdo la imagen de los representantes europeos: “Hello Democracy, Goodbye ACTA”.

ACTA privilegia los derechos de autor y propiedad intelectual sobre los derechos de los usuarios de internet y el mercado de medicamentos genéricos, y desafortunadamente son pocos los trabajos que han abordado el tema de manera integral.

En el ámbito digital, el tema es complejo. Se trata de una industria (la del copyright) que basa sus actividades productivas en el control de las copias, frente a una infraestructura comunicativa (internet) cuyo funcionamiento se basa, precisamente en la copia. Como comenté líneas arriba, la problemática no puede abordarse por medio de marcos jurídicos y sanciones punitivas, sino que se deben de tomar en cuenta factores económicos, culturales y de competencia.

Al respecto, destacan el FCForum sobre Modelos Sostenibles para la Creatividad en la Era Digital y el reporte Piratería de Medios en Economías Emergentes, como esfuerzos que abordan la problemática de manera integral y plantean alternativas completamente ajenas a lo que significa ACTA.