«Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México» es el título del informe presentado por Amnistía Internacional. El documento es elocuente: esta práctica se ha propagado alarmantemente en todo el país y ninguna autoridad considera que la situación sea grave

En determinadas circunstancias, ¿es válido obtener información o la confesión de un presunto delincuente mediante la tortura? El 30 por ciento de los mexicanos considera que sí.

En los últimos diez años, las denuncias por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han aumentado un 600 por ciento; autoridades como el fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera, han reconocido públicamente el uso de la tortura en las prácticas de investigación en el estado; el 64 por ciento de los mexicanos teme que, de ser detenido, las autoridades lo van a torturar y ni en la Procuraduría General de la República consideran que la tortura sea un problema “grave” en México; existe, lo reconocen, pero no les resulta preocupante y lo minimizan.

Estos y muchos datos más, incluidos casos concretos, encuestas y testimonios de torturados, han sido recogidos sistemáticamente por Amnistía Internacional, que en el marco de su campaña mundial Stop Torture presentó en Guadalajara su informe Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México en la Casa ITESO Clavigero.   

Esta mezcla de normalización, desdén oficial, impunidad y la inadecuada o inexistente aplicación de protocolos internacionales diseñados específicamente para determinar si un ser humano sufrió tortura (el Protocolo de Estambul, por ejemplo), han generado una gravísima espiral de tortura en México, coincidieron en señalar Alex Neve, secretario general de AI en Canadá; Perseo Quiroz, director ejecutivo de la organización en México, y Jacqueline Galaviz, responsable de interlocución de la nueva Oficina Regional de AI en Guadalajara, que en breve abrirá sus puertas justamente para obtener información “de primera mano” sobre estas y otras denuncias en Jalisco.

Para Amnistía Internacional es preocupante la falta de prevención de la tortura en México, ya que hacen falta salvaguardas entre “el momento en que una persona es detenida y el momento en que es puesta a disposición de la autoridad correspondiente [ministerio público, autoridad administrativa o migratoria]. En este momento es cuando hay más vulnerabilidad para que las personas sufran tortura”, apuntó Quiroz.

Al no haber investigaciones adecuadas, agregó, las fuerzas policiacas de todos los niveles recurren a la tortura para cerrar casos.  “Lamentablemente, no encontramos alguna fuerza encargada de cumplir la ley que se salve al respecto. Tenemos en las cárceles a personas cuyo único motivo de detención se basa en una confesión obtenida bajo tortura”.

El citado incremento del 600 por ciento corresponde al ámbito federal, ya que las cifras en cada estado se desconocen debido a que las comisiones estatales de derechos humanos —la de Jalisco incluida, cuyo presidente es Felipe de Jesús Álvarez— “no han hecho un trabajo adecuado en documentar y procesar las quejas por tortura”, denuncia Amnistía Internacional.

El caso de Ángel Amílcar Colón

Como parte de una comisión de AI, Neve voló desde Canadá con un objetivo central: hablar en el Cefereso Número 4, ubicado en Tepic, con Ángel Amílcar Colón, hondureño que lleva preso cinco años y medio, detenido en Tijuana cuando en 2009 esperaba cruzar la frontera como inmigrante irregular y posteriormente acusado de formar parte de una banda criminal. Su confesión fue obtenida mediante tortura, afirman diversas organizaciones civiles.

“Ayer [domingo 7 de septiembre], Ángel Amílcar habló con nosotros solamente con esperanza, con dignidad y con una determinación de que él va a ganar su libertad y conocerá la justicia en medio de toda esta injusticia”, narró Neve.

“Hay miles y miles de canadienses y cientos y cientos de miles de miembros de AI en todas partes del mundo luchando por su libertad, insistiendo que haya justicia por la tortura que él sufrió y para presionar a las autoridades mexicanas a nivel federal y estatal a adoptar las reformas necesarias para abolir la tortura en el país”.

Después de cinco años, un equipo de peritos independientes determinó que a Amílcar se le había torturado de diversas maneras: patadas, golpes en las costillas, obligarlo a lamer los zapatos de otros presos, asfixias e injurias como “¡Pinche negro!” (Ángel es miembro de la etnia garífuna), y aun así sigue preso. Neve subrayó que es imperativo hacer presión desde distintos frentes para que el gobierno federal haga justicia y libere al hondureño, declarado actualmente “preso de conciencia”.

Stop Torture, campaña global con México en la mira

México es uno de los cinco países elegidos por Amnistía Internacional para enfocar en ellos las baterías de su campaña Stop Torture, al lado de naciones donde esta práctica sigue al alza: Uzbekistán, Filipinas, Nigeria y Marruecos.

Las causas que detonan o solapan la tortura son prácticamente las mismas en todos los lugares que Neve ha investigado, México incluido: secrecía e invisibilidad; falta de voluntad y liderazgo político; impunidad (muy pocos torturadores son procesados y castigados; en tres años ha habido siete mil quejas por tortura y solamente siete procesados), y discriminación, ya que los torturados son tratados “como si no fueran seres humanos”, ya sea por su color de piel, sus creencias políticas o religiosas o su condición social, explicó el secretario general de AI en Canadá.

¿Cómo contener la tortura en México y el resto del mundo? ¿Qué se puede hacer para prevenir, castigar y erradicarla? 

“Hay avances cuando ponemos en práctica las reformas y mecanismos que contrarrestan las causas estructurales de la tortura, cuando rompemos la secrecía y la invisibilidad, por eso es tan importante que los países firmen por ejemplo el ‘protocolo opcional’ de las Naciones Unidas sobre la Convención contra la tortura, el cual permite inspecciones nacionales e internacionales [independientes] dentro de los centros de detención”, afirmó Neve, quien demandó el fin en México de las detenciones preventivas y arbitrarias, el arraigo y “otras condiciones en el sistema de justicia mexicano que permiten la secrecía y la invisibilidad que conducen a la tortura”.

Neve y Quiroz también anunciaron durante la presentación que sostendrían una reunión con Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, diputados y autoridades policiacas, con el objetivo de externarles sus múltiples preocupaciones y los datos reunidos por el informe.