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Los nuevos esquemas de contratación aprobados por los diputados federales en la reforma laboral podrían favorecer el incremento de personas que trabajen en la informalidad o la ilegalidad, considera Ignacio Román Morales, académico del Departamento de Economía,  Administración, y Mercadología (DEAM) del ITESO.

Y es que el fin de semana los legisladores avalaron los contratos por hora, de aprendizaje y a prueba, lo que, de acuerdo con el experto en economía, puede ser contraproducente.  “No hay una cadena con reducción de informalidad. Hay argumentos lógicos. ‘Vamos a demandar más trabajadores por hora, a tiempo parcial, dos tres horas diarias’, eso es lo que te dicen. Sí, pero también puedes decir ‘se vuelve tan poco atractivo estar trabajando tres horas, por ocho pesos la hora, mejor me voy al sector informal’”.

Aunque la reforma era necesaria, sólo protegió a las empresas y al sector sindical. Logró algunos derechos individuales, como la protección a ciertos sectores —como los mineros— y a las mujeres —contra el hostigamiento sexual laboral—, pero limitó derechos colectivos, como la huelga y los paros, agrega el académico.

Entre los puntos negativos destaca la confusión de términos como productividad y competitividad; la contradicción al mercantilizar el trabajo y, a la vez, señalarlo como un deber y derecho social, y la falta de garantía de un crecimiento real en la generación de empleo.  “La empresa se sigue entendiendo simplemente como la propiedad del empresario y no como un espacio de participación conjunta de trabajadores, empresarios, clientes, accionistas, proveedores. Los trabajadores no cuentan. Todo se entiende en una lógica de la empresa es igual a empresario.  Y eso es terrible, es como con Luis XIV con aquello de ‘el Estado soy yo’; en este caso es ‘la empresa soy yo’. Entonces, es una negación de la gente”, comenta.

“Hicieron una reforma en beneficio solamente de una de las partes. Otro punto malo que es muy importante: no hay un criterio de diferenciación sobre las capacidades de acción por tamaño de empresa. Es decir, las grandes empresas son las que finalmente salen más beneficiadas. Quienes van a tener más dificultades para desarrollar o para cumplir con la ley son las micros y pequeñas empresas, que son las que generan la mayor parte del empleo”.

Jorge Barajas,  coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) Guadalajara, destacó en un escrito las reflexiones del jesuita Carlos Rodríguez, miembro fundador del CEREAL, quien consideró que las reformas propuestas por Felipe Calderón son un paso atrás en materia de derechos laborales y que no cumplirá su propuesta propiciar mayor crecimiento. “En lugar de ese tipo de reforma, una nueva ley del trabajo debería orientarse hacia el fortalecimiento de las empresas mexicanas, y no sólo pensar en términos de atracción de inversión extranjera, y debería también fomentar un mayor protagonismo de los trabajadores al interior de las propias empresas. Esas medidas son muy similares a las que ya han implementado otros dos países latinoamericanos, los cuales ahora nos adelantan en tasas de crecimiento anual y bienestar social de la población”, anotó Rodríguez.