La migración vista por el Estado, la sociedad y la academia
Claudia Alzaga – Edición
Foto: Puntorevista.com
“La migración no es solamente, ni siquiera en primer lugar, un fenómeno a estudiar: es una realidad a intervenir. Para nosotros, los migrantes no solamente son datos, son humanos que están transitando y que conforman una realidad”. Estas fueron las palabras con las que Mario López Ramírez, jefe del Centro de Investigación y Formación Social (CIFS) del ITESO, presentó el pasado martes el panel de análisis sobre la política migratoria mexicana y sus implicaciones.
La charla tuvo lugar en el marco de las Jornadas de Migración que, bajo el título de “Un camino lleno de tropiezos, bienvenido extranjero”, son organizadas por el Programa de Migración del ITESO y el Seminario Permanente de Migración del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Moderado por Olga Aikin, académica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, el panel conjuntó tres visiones distintas: gobierno, sociedad civil y academia. Además, como apuntó Aikin, “curiosamente todos los que estamos aquí sentados somos extranjeros y somos migrantes en México”.
Cada uno de los participantes abordó el tema desde su experiencia. Ernesto Rodríguez Chávez, titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, inició su intervención aclarando tres puntos que para él son “clave” si se quiere estudiar el fenómeno de la migración: norma, política y práctica. “Cuando hablamos de las malas cosas que hace el gobierno, piensan que están hablando de la ley, o cuando hablan de las políticas piensan que están hablando de la práctica y son tres cosas diferentes”. Así, dijo, la norma es más o menos explícita según cada país y las políticas se moverán dentro de los marcos de esa norma, mientras que la práctica dependerá de cómo los agentes ejecuten dichas políticas.
Rodríguez también habló sobre la Ley Migratoria aprobaba en 2011 y a la que le ve varias ventajas: el avance sustancial a las legislaciones de los cien años previos, el reconocimiento del extranjero como sujeto de derecho y la actualización respecto a los tratados internaciones que México ha firmado. Sin embargo, también calificó como un gran ausente todo lo que tiene que ver con la migración y el retorno mexicano.
Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre la Migración Ciudad de México (Indedim), compartió su experiencia en la coordinación de sociedad civil y su intento por incidir en los términos en que se planteó la Ley de Migración y su reglamento.
Explicó que como grupo pedían el establecimiento de un mecanismo plural y transparente para participar en el desarrollo de la ley, enfocándose en los derechos humanos. Contó cómo obtuvieron reuniones con el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Poder Legislativo y lamentó que, sin embargo, no tuvieron resultados por lo que calificó como un proceso fue “opaco” y “cerrado” en todos los niveles, especialmente en la fase de la ley.
Para Venet, la Ley de Migración se trata más bien de una “ley de extranjería”, ya que está muy orientada a la situación de las personas extranjeras. Entre los aspectos positivos, rescató el respeto a los derechos humanos, la libertad de ingreso permanencia, tránsito y salida del país y los derechos a educación y salud.
El tercer participante fue John W. Nowell, jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas en la Universidad Iberoamericana de León, quien aseguró que, por ser abogado, hablaría desde una perspectiva jurídica. Así pues, realizó un ejercicio de comparación entre la ley mexicana y la ley estadunidense, enfocándose en el trámite de la “residencia permanente” en México y la “permanent residency” en Estados Unidos. Lo anterior, al querer contestar si México tiene una tendencia a homologar o estandarizar la gestión de migración con la de los Estados Unidos.
Entre las diferencias, señaló que en la ley de Estados Unidos no hay objetivos ni principios, no usan la palabra extranjero sino alien y la meta es hacerse ciudadano. La respuesta es que los sistemas jurídicos son similares pero la demanda y las situaciones son distintas, cada país requiere un énfasis en áreas distintas.