El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo presentó un informe lleno de datos, casos, testimonios, cifras y conclusiones desalentadoras sobre la deteriorada situación de los derechos humanos en la entidad

¿Seguro, tranquilo, quieto, en paz? Ninguno de estos adjetivos se puede aplicar a Jalisco en el tema de los derechos humanos según el Informe sobre la situación de los derechos humanos Jalisco 2014, presentado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC.

El informe denuncia que el estado es el segundo lugar nacional en desapariciones; el primero en desaparición de mujeres; tiene tipificado el feminicidio como delito desde 2012, pero sólo un acusado cumple sentencia; sufre continuamente detenciones arbitrarias, tortura sistemática y la criminalización de las protestas ciudadanas; incurre en violaciones al derecho humano al agua y ataques a sus ecosistemas, por ejemplo, mediante la tala de un centenar de árboles en el Bosque El Nixticuil con la venia del Ayuntamiento de Zapopan.

La columna central del documento la componen diez artículos hechos por especialistas y activistas que, desde distintas perspectivas, inciden con sus investigaciones en los temas prioritarios para el Cepad.

“El informe está armado con la intención de visibilizar casos concretos que expresan la lucha por la defensa de los derechos humanos y que tienen una relación directa con los temas que preocupan y ocupan nuestro actuar como organización: discriminación, tortura, sistema de justicia, infancia y juventud, criminalización de la protesta social, defensoras, defensores y periodistas, militarización y educación para la paz”, afirmó Paola Lazo, integrante del Centro.

En este, su octavo informe, la conclusión de los participantes fue unánime: hay “un contundente deterioro de los derechos humanos en Jalisco”.

Oficialmente —según el gobierno estatal—, en Jalisco hay catorce mil 932 personas desaparecidas. La Fiscalía General del Estado presume tener un “alto nivel de efectividad en su localización”, al haber encontrado a doce mil 285, 470 sin vida. El periodista Darwin Franco, uno de los presentadores del informe, duda por completo de esa efectividad.

“En la Agencia del Ministerio Público 12/C, que es la especializada en desapariciones, tan solo existen —o existían— cuatro agentes investigadores. Eso quiere decir que del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2014, cada uno resolvió tres mil 071 casos; son superpolicías. En conclusión, diariamente ellos localizaron a una persona. Esto lo estoy diciendo con los propios datos que establece la Fiscalía”, afirmó Franco, miembro de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej).

Algunos de los artículos que componen el documento son: “¿Y en Jalisco… Qué entienden, qué no entienden?”; “Y sin embargo, la tortura en Jalisco existe”; “Un sistema de represión y olvido: un tema oculto y en aumento”; “Mezcala, la indómita” y “Una nueva Ley Bala para Jalisco, obra de la CEDHJ y el CESJAL”, entre otros.

“Si el Fiscal General del Estado duerme tranquilo pensando que está haciendo lo que le corresponde en esta materia [combate a la tortura y respeto a los derechos humanos], desde este espacio, tanto sociedad civil como víctimas de tortura y otras violaciones graves de derechos humanos, opinamos lo contrario”, aseveró Gerardo Moya, profesor del ITESO y miembro del Cepad.

Moya enlistó una larga serie de situaciones que dibujan un escenario sombrío para los derechos humanos en Jalisco: aquí se registra un homicidio cada siete horas; no hay ni una sentencia por tortura; se han documentado numerosos episodios de estrategias de represión de parte de las fuerzas de seguridad; la silenciosa y grave discriminación está lejos de erradicarse [citó casos en contra de indígenas y homosexuales] y aumentan las amenazas a periodistas y académicas, como los casos de Jade Ramírez y Rossana Reguillo.

Impunidad generalizada, ausencia de investigación. Recordó el caso de Hernán Huizar, jefe policíaco acusado de torturar durante un operativo en la extinta Dirección de Seguridad Pública del Estado y luego contratado para dirigir a la policía municipal de Zapopan.

Mario López, integrante del Observatorio Ciudadano del Agua y académico del ITESO, hizo referencia a la “burda y privatizadora” Ley de Aguas Nacionales y las sistemáticas violaciones en Jalisco al derecho humano al agua, acompañadas por la opacidad de la Comisión Nacional del Agua, que se niega a entregarle al citado observatorio información pública, por lo que López subrayó la necesidad de contar con fuentes alternativas y fiables de datos que le hagan contrapeso a esta instancia gubernamental.  

Durante su intervención, Cinthia Ramírez, abogada del Cepad, lamentó los esfuerzos hechos desde distintas trincheras partidistas y gubernamentales por criminalizar la protesta ciudadana, la cual calificó como un derecho incuestionable en cualquier democracia.

La principal conclusión del informe es que existe una tendencia a tergiversar las leyes para cooptar el discurso de los derechos humanos y restringirlos, ya que se adopta una visión para proteger la seguridad del Estado y no la seguridad de las personas, lo cual “definitivamente elimina la posibilidad de los derechos humanos”, afirmó Ramírez.

El informe completo puede consultarse en este enlace.