Hay que atender el conflicto social en El Zapotillo: Observatorio para la Gestión del Agua
Adriana López-Acosta Sandoval – Edición
El organismo, integrado en junio de este año, señala que es necesario parar las obras de la presa y respetar los derechos humanos de los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Para Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco, la insistencia en construir la presa El Zapotillo se asemeja a una persona con los pulmones afectados por tuberculosis avanzada y a quien “se le pide que sea donador de sangre porque, según análisis clínicos hechos hace 30 años, goza de buena salud”.
El también integrante del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes) añade que los acuíferos que se quieren utilizar para el abastecimiento de la presa son el pulmón hídrico de los ríos y arroyos. “Desde 2013 estos pulmones están declarados de manera oficial por la Conagua como sobreexplotados”, afirma.
El pasado 8 e octubre, representantes de las instituciones que integran el Observatorio —conformado en junio de este año— presentaron una serie de recomendaciones sociales sobre el proyecto de esta presa, documento que fue votado a favor en su mayoría para su entrega a las autoridades estatales. Éste complementa las recomendaciones que se dieron en agosto con un carácter más técnico.
La intención del nuevo documento es que se ratifiquen las primeras recomendaciones y que se atiendan las que, consideraron los miembros del Observatorio, suponen una violación a los derechos humanos de los afectados por la presa.
El informe consiste en tres ejes de trabajo: la violación a los derechos humanos de los habitantes afectados, la controversia pública acerca del balance hidrológico y la afectación de la presa con muy poca información al respecto. Así mismo, contiene un llamado a las autoridades, tanto estatales como federales, sobre la urgencia de atender el conflicto social que ha generado la presa, sobre todo en las zonas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
“Cuando hablamos de la violación a los derechos humanos estamos hablando de los más altos estándares de responsabilidad pública sobre lo humano. Nuestros gobiernos tienen la obligación de respetar la humanidad”, declaró Mario López, secretario del grupo social del observatorio y académico del ITESO.
López, además, mencionó que estas recomendaciones se sustentan en la posición de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, el Tribunal Permanente de los Pueblos y la red Todos los Derechos para Todos. También informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió analizar y determinar el juicio de amparo interpuesto por Lauro Jáuregui Jáuregui, habitante de Temacapulín, en contra del proyecto de la presa El Zapotillo.
“[La posición del observatorio] es que se paren las obras y se atienda el conflicto social, porque éste es más importante. Y el estándar que ponemos es que existen mejores prácticas internacionales que se deben adoptar al caso preciso, incluyendo algunas prácticas nacionales aceptadas por la propia Conagua y que no las han seguido. Esto altera su propio discurso, porque es parte de lo que ellos mismos se han propuesto como responsabilidad pública”, señaló López.
Algunas de las recomendaciones
—Que se realicen todas las gestiones requeridas para suspender la construcción de la presa El Zapotillo, en tanto no se cumpla con los resolutivos de la controversia constitucional 93/2012, y se concluyan los amparos interpuestos en contra del referido proyecto
—Elevar el estándar de gestión, manejo y resolución del conflicto social utilizando negociadores nacionales e internacionales expertos en conflictos ambientales
—Que la Conagua y el gobierno estatal de Jalisco desarrollen una responsable y elocuente argumentación pública, compartiendo todos los estudios sociales que hayan desarrollado en torno a la construcción
—Que las empresas nacionales y extranjeras involucradas en la construcción de la presa demuestren que en la actualidad tienen una conducta social y éticamente responsable con el medio ambiente y las comunidades donde llevan a cabo sus proyectos
—Que se elabore una política pública con un alto grado de lucidez, oficio política, técnica administrativa y razón de estado que se oriente a la sostenibilidad de los recursos con la menor afectación social posible, y que la argumentación política sea clara a la ciudadanía con un lenguaje accesible a la población, para que quede claro qué afectación o beneficios tendrían estas medidas.
Para saber más
:: Extracto de las recomendaciones sociales sobre el proyecto de la presa El Zapotillo.
:: Reportaje sobre algunas alternativas para el problema del agua en la zona metropolitana de Guadalajara.