Guillermo Zepeda durante su ponencia. Foto: Luis Ponciano

En México hay un abuso de prisión preventiva. El 42 por ciento de personas que sufren prisión preventiva no tenían que haberla padecido; el 9 por ciento son absueltos; y el resto, por cometer un delito menor, paga una multa de entre 600 y 800 pesos; sin embargo, cada uno de ellos ya le costó al sistema penal ocho mil pesos en averiguación previa, doce mil de proceso penal y 140 pesos diarios de manutención en prisión, más los 80 pesos que su familia les hace llegar para cada día.  

“95 mil personas el día de hoy van a dormir en una prisión”. Ese fue uno de los datos vertidos por Guillermo Zepeda Lecuona, profesor-investigador del ITESO y que documentan el Reporte de seguimiento del proceso de implementación de la reforma procesal penal local en México, un proyecto coordinado por él junto con otros once investigadores y que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y la Organización de Estados Americanos (OEA).

La presentación, titulada “¿Están funcionando los juicios orales en México?”, se realizó en el marco del Tercer Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, que se llevó a cabo en la Casa ITESO Clavigero, el pasado 9 de mayo.

La pregunta que marca el desafío, ¿funcionan los juicios orales en nuestro país?, fue abordada por Zepeda Lecuona: “El primer obstáculo a nivel nacional son los mitos sobre los juicios orales, la resistencia que hay en muchos de los funcionarios del derecho”.

En el caso de Jalisco, afirmó que “hay visualizaciones políticas que no han permitido que se dictaminen algunas de las iniciativas que existen en el Congreso. Nos estamos rezagando y si nos subimos tarde al proceso de instrumentación, será más complicado conseguir quién capacite, acompañe y dé asistencia técnica”.

El Estado cuenta con uno de los menores niveles de rezago en resolución de averiguaciones previas en el país, aun así se trata del 70 por ciento de casos en espera. A decir del especialista, en los procesos penales todavía se tiene un desafío en cumplir las órdenes de aprensión, sobre todo en atacar los delitos de mayor impacto.

A partir de la reforma constitucional de 2008, los estados del país tienen la obligación de reformar sus sistemas judiciales para implementar, entre otras cosas, los juicios orales, Zepeda comentó: “Algunos Estados están apostando pero no se mueve ese transitorio, por el momento estamos invirtiendo en resignarnos a esperar el próximo proceso electoral, para ver si alguno de los candidatos en su propia política contempla el nuevo sistema”.

Algo que sorprende positivamente al investigador es ver a muchos funcionarios mexicanos queriendo mejorar el sistema de justicia, ya que, a pesar de los malos augurios, la gente está comprometida con las reformas. “En ocasiones me cuentan sobre sus desventuras y desafíos del nuevo sistema de instrumentación, y les pregunto ¿Regresarías al antiguo sistema? A lo que en automático responden: ‘No, no. Tenemos problemas, pero el anterior, ni pensarlo’”.

Texto: Ruth López

En marzo, Miguel Carbonell visitó el ITESO para dar una conferencia también centrada en los juicios orales. Pueden leer al respecto dando clic aquí.