Raúl Vera López, obispo de Saltillo, espera que la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, sea el comienzo de una presión internacional para que se acaben este tipo de crímenes, ante los cuales el Estado mexicano tiene una responsabilidad grave por no hacer algo para detener hechos de este tipo.

 
En entrevista telefónica con Gilberto Prado Galán, para el programa Entre Paréntesis de Ibero 90.9 Radio, el clérigo agregó que él ve “una complicidad terrible del Estado mexicano en esto”, al que considera el principal responsable de la desgracia de los cientos de migrantes que están en casas de seguridad, secuestrados por el crimen organizado.
 
Dijo que tan sólo en Reynosa, Tamaulipas, hay varias casas de seguridad, información que es de su conocimiento por el testimonio directo de las personas que logran salir de ellas, sea porque pagaron el dinero que les solicitaban o porque pudieron escapar. “Nos platican los horrores de las cosas que pasan ahí”, por ejemplo un adolescente que llegó con todos los huesos rotos nos contó que fue porque lo aventaron desde la azotea de una casa de seguridad.
 
Para el obispo resulta imposible que con la cantidad de cuerpos de seguridad que están mandando a todo el noroeste del país, las autoridades no vean ni descubran esas casas. Lo peor es que sabe “de gente que ha salido de las casas de seguridad, que vienen a hacer sus denuncias ante los cuerpos policiacos o al mismo Instituto Nacional de Migración y ahí mismo los detienen y los regresan a las casas”.
 
“Además son muchachas que después de que llegaron a denunciar ante el Instituto Nacional de Migración en Reynosa las regresaron y vieron cómo los que vinieron por ellas les pagaron a los agentes del Instituto Nacional de Migración, les pagaron el que se las hayan devuelto”.
 
A partir de la masacre en Tamaulipas Raúl Vera señaló dos vertientes para hacer una lectura de la matanza. La primera es la ineficacia “de la famosa guerra contra el crimen organizado”, porque se están haciendo omisiones muy graves, una de esas no quitarles el dinero, ni cortarles los recursos a los grupos criminales. El otro es que con esta guerra se va tras los policías municipales o mandos policiacos (que se sospecha están coludidos con grupos criminales), “pero no se están yendo a los altos niveles de la función pública”.
 
Finalmente, mencionó que desde hace dos años que recibe a migrantes centroamericanos que pasan por Saltillo le han llegado denuncias directas que dan fe de esta nueva modalidad del crimen organizado, el secuestro de migrantes, a quienes obligan a entregarles los teléfonos de sus familiares que viven en Estados Unidos para pedirles dinero por liberarlos.
 
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