Por 19 meses consecutivos, el número de patrones registrados ante el Seguro Social ha ido a la baja. Fenómenos como el aumento en los costos, la inseguridad, la concentración de la riqueza y hasta la falta de pericia de quienes operan un negocio hacen complicado encontrar una solución a este problema

Es empresario. Dirige una empresa familiar con más de medio siglo de historia. Por supuesto, en todo este tiempo ha habido altas y bajas. Pero ahora su situación está llegando al límite. Algunos hechos, como el aumento en el salario mínimo, le han complicado mucho el entorno, afirma. A esto se suma el crecimiento de la competencia asiática e, incluso, nacional, que ofrece productos de menor calidad y “casi sin forma”, pero a precios notoriamente más bajos

Discusiones como la que ha venido dándose en torno a una reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales lo tienen con los nervios de punta. Si las cosas siguen así, no descarta la posibilidad de ser él quien tenga que cerrar la compañía, que se ha mantenido funcionando a lo largo de tres generaciones.

“Los ingresos no se aumentan por decreto, los ingresos se aumentan con productividad, y tratar de aumentarlos por decreto lo que tiene como resultado final es la falta de competitividad de la industria nacional y la desaparición de la misma. No se ha elevado la productividad, no deberíamos estar pensando en aumentar prestaciones”, señala este hombre de negocios que prefiere el anonimato.

Su situación dista mucho de ser un caso aislado. En enero de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró a un millón 23 mil 438 patrones, una caída de 2.5 por ciento en el último año y 19 meses consecutivos de contracciones anuales.

Desde noviembre de 2023, el punto más alto en este registro, la pérdida acumulada de patrones asciende a 54 mil 445 registros, “reflejando un deterioro en la dinámica empresarial formal y una erosión gradual del tejido productivo”, se lee en la edición de febrero del Boletín de Análisis Económico de la Escuela de Negocios ITESO.

Entre enero de 2025 y enero de 2026 se eliminaron 25 mil 992 registros patronales en todas las actividades económicas. El comercio concentró la mayor reducción, seguido por los servicios para empresas, personas y el hogar, y la industria de la transformación. En términos porcentuales, las mayores caídas se observaron en las actividades agropecuarias y en el comercio.

“Vemos con preocupación que el número de patrones registrados ante el IMSS continúa disminuyendo. Detrás de cada cifra hay una historia de esfuerzo, riesgo y responsabilidad; hay personas que decidieron emprender, invertir y generar empleo formal”, lamenta Raúl Flores, presidente del Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex).

Por medio de una ficha informativa preparada para este reportaje, el representante del sindicato patronal en la entidad explica que el número de empleos perdidos durante 2025 implica que, por cada empresa que abrió en el año, cerraron 151.

“En Jalisco, la situación también es preocupante. El año pasado se perdieron mil 602 patrones registrados. Por cada empresa que abrió, 19 cerraron, y nueve de cada 10 de esas bajas correspondieron a microempresas. Es decir, estamos hablando del pequeño comercio, del taller, del negocio familiar, de quienes generan pocos empleos, pero sostienen a miles de familias”, agrega.

¿A dónde van esas empresas?

En el último comunicado del IMSS acerca de los registros de trabajadores y patrones, la disminución se explica, de forma escueta, como resultado de “la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas”. Sin embargo, las y los expertos entrevistados para este reportaje cuentan una realidad mucho más compleja.

Coinciden en que la caída en el número de patrones registrados no se debe a que las empresas hayan cerrado operaciones, sino a que han decidido seguir produciendo desde la clandestinidad.

“Habrá una fracción pequeña que sí tenga que cerrar, porque no puede operar en la informalidad, pero, para como está la economía nacional, la hipótesis más plausible es que, en realidad, se están saliendo de la formalidad”, dice Israel Macías López, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana campus Guadalajara.

“Al fenómeno se le conoce como la ‘tianguización’ de la economía. Justamente es este proceso en el que se va desmantelando poco a poco la parte formal de la economía, en aras de un esquema de alta informalidad, sobre todo en unidades económicas pequeñas”. Aunque esto sea un poco mejor que la desaparición de compañías, tiene efectos negativos en la economía del país. Antonio Ruiz Porras, director del  Centro de Investigación de Teoría Económica y coordinador del Doctorado en Estudios Económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explica que, para las empresas, optar por la informalidad significa perder acceso a créditos formales y a la oportunidad de vincularse con cadenas productivas, lo que afecta su productividad.

“La empresa pequeña probablemente pueda mantener sus operaciones normales cuando pasa de la formalidad a la informalidad, pero lo que pierde son las oportunidades de crecimiento. Porque, efectivamente, en el momento que crece lo que va a pasar es que, en sus tratos con otras empresas, le van a exigir que sea formal”, agrega.

“Aunque las salidas en la informalidad pueden darle un alivio económico temporal, a la larga le van a impedir crecer. Y eso implica, en otras palabras, que va a ser incapaz de poder mejorar sus niveles de producción porque no va a tener, por ejemplo, oportunidades de financiamiento y de crédito de proveedores. Incluso, va a tener dificultades para establecer transacciones comerciales de niveles relativamente elevados”.

En el caso de los trabajadores, la decisión de sus patrones de dar el salto a la informalidad tiene efectos graves: “Se permea en todos los aspectos de la vida el hecho de que [el trabajador] no tenga seguridad social. Porque te deja sin protección para la salud, para la vejez, para riesgos de trabajo, para vivienda, para guarderías”, enumera Mireya Pasillas Torres, académica de la Escuela de Negocios ITESO y coordinadora del Boletín de Análisis Económico.

Este fenómeno ya es notorio también en las estadísticas: de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondientes a diciembre de 2025, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.6 por ciento, ligeramente por arriba de la registrada en diciembre del año pasado. Es decir, más de la mitad de las personas que hoy trabajan en México lo sigue haciendo en la informalidad, lo que tiene consecuencias muy claras para los trabajadores: implica vivir al día, con enorme vulnerabilidad ante cualquier enfermedad, accidente o crisis económica.

Durante 2025, la Población Económicamente Activa —es decir, las personas que trabajan o que están buscando activamente un empleo— aumentó en un millón 100 mil personas. Esto quiere decir que más mexicanos necesitan incorporarse al mercado laboral.

“Pero de ese millón, prácticamente todos son hombres, porque [sólo] 4 mil de ese millón fueron mujeres. O sea, en las mujeres más bien no hubo aumento. Y cuando ves la composición de ocupación formal o informal, prácticamente todos fueron informales”, precisa Mireya Pasillas.

Nora Ampudia, vicepresidenta de Análisis Estadístico y Proyecciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara, destaca el efecto que este fenómeno tiene para la economía en general. “Una economía donde prevalece la economía informal tiene bajas tasas de crecimiento, bajos salarios. Y, si los salarios son bajos, el consumo es bajo; y si el consumo es bajo, las ventas son bajas y hay menos inversión, menos producción, menos empleo, y entra en una economía precaria”, explica.

¿Por qué pasa esto?

Cuando se les cuestiona sobre las razones de la desaparición de patrones de los registros de la formalidad, los sospechosos son diversos. Los primeros que menciona Josefina Robles Uribe, coordinadora de la Unidad Académica Básica de Economía en el Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO, son los relacionados con la reducción de las inversiones, tanto públicas como privadas.

“Estructuralmente ha habido una inversión muy baja y un crecimiento muy bajo de la economía formal, que ha permitido que la economía informal genere nuevos espacios”, dice.

Un análisis de la Escuela de Negocios ITESO sobre las Perspectivas Económicas para 2026 muestra que la Inversión Fija Bruta llevaba, hasta octubre de 2025, 14 meses a la baja. Este indicador mide los recursos destinados a la adquisición de bienes duraderos que se utilizan en la producción de bienes y servicios, es decir, muestra cómo las empresas y el gobierno están invirtiendo para impulsar la economía.

Pero hay otros factores igual de relevantes y, tal vez, más delicados, como los costos de las empresas derivados del entorno de inseguridad que se vive en el país. “A todos esos pequeños negocios les ha llegado el cobro de piso, en uno o en otros niveles. La inseguridad en las carreteras, los traslados de mercancías, todo eso eleva los costos”, agrega Josefina Robles. Como ejemplo, la reciente detención del ahora exalcalde de Tequila, Diego N., señalado por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de la estrategia nacional contra la extorsión y el combate a la corrupción. Por supuesto, no es el único caso.

“El cobro de piso ha aumentado mucho en Guanajuato, en Estado de México, en Michoacán, y ahí también está cayendo fuertemente el registro de patrones. Habría que correlacionar las cifras; yo creo que la inseguridad sí tiene mucho que ver”, indica Nora Ampudia.

De acuerdo con la edición más reciente de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Inegi, en 2023 se estimó que un millón 300 mil unidades económicas fueron víctimas de algún delito, equivalentes a 2 mil 722 víctimas por cada 10 mil empresas. Esta encuesta se levanta cada dos años, por lo que las cifras de 2025 se darán a conocer en 2026.

Pero una imagen más reciente la ofrece un estudio de la Coparmex Jalisco, que afirma que 51.9 por ciento de las empresas en el estado fue víctima de algún delito durante el último año. “Si bien esta cifra se encuentra por encima del promedio nacional, también representa una reducción anual de 10.47 por ciento, lo que confirma que se han realizado avances, pero continúan siendo insuficientes”, se lee en un comunicado del sindicato patronal a este respecto

En el ámbito nacional, la Coparmex indica que 50.1 por ciento de los empresarios ha sido víctima de algún delito, y que 29.4 por ciento ha sufrido algún acto de corrupción en el último año.

“Las empresas hoy enfrentan un entorno complejo, costos operativos crecientes, cambios legislativos constantes, incertidumbre económica, inseguridad y una sobrerregulación que muchas veces complica más de lo que ayuda”, indica Raúl Flores, presidente de la Coparmex Jalisco.

“En nuestras mediciones, tres de cada 10 empresas señalan que el entorno político y económico les genera incertidumbre; otras apuntan a las regulaciones laborales y a la inseguridad como frenos directos para crecer e invertir”.

Y al coctel de razones también hay que agregar la propia ignorancia de los empresarios, que no siempre están capacitados o cuentan con la información necesaria para tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, Josefina Robles recuerda que, en su extenso paso por la función pública, veía con frecuencia casos de empresas que compraban programas de cómputo o maquinaria de producción que superaban por mucho sus necesidades y que, por supuesto, agregaban costos innecesarios a sus cuentas. “[Les decía]: ‘Es que no tienes que comprar lo que te vienen a vender. Hay todo un proceso de localizar qué es lo que sí necesitas’; y para eso necesitan alguna estrategia mayor, que supera a la microempresa”, explica.

El aumento en los costos laborales

Además de todo esto, la mayoría de los entrevistados apunta al aumento en los costos laborales, sobre todo en lo que refiere al alza que el salario mínimo ha tenido en los últimos ocho años, cuando fue de 88.36 a 315.04 pesos diarios.

“Las empresas medianas y grandes sí pueden soportar eso, pero estás aumentando el salario mínimo en términos reales, desde 2018 a la fecha, arriba de 150 por ciento. O sea, para las microempresas, esos costos son muy fuertes y no solamente es el salario mínimo, sino todos los costos asociados al incremento del salario mínimo, porque tienes que pagar las cuotas patronales a partir de ese salario mínimo mayor”, precisa Mireya Pasillas.

Ruiz Porras, de la UdeG, agrega que las mejoras en las prestaciones para los trabajadores han coincidido con un periodo de estancamiento económico, lo que ha hecho más complicado para las empresas hacerle frente a estas nuevas obligaciones.

Las proyecciones de crecimiento de la economía mexicana para este año de organismos internacionales son más bien modestas y van del 1.2 por ciento que estima la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos al 1.5 por ciento del Fondo Monetario Internacional. Eso sí, el gobierno mexicano es más optimista, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calcula que el Producto Interno Bruto crecerá entre 0.8 y 2.8 por ciento en 2026.

Así, aunque la política de incremento al salario mínimo era necesaria, debió acompañarse de medidas de apoyo a los empresarios, sobre todo a las micro y pequeñas compañías, considera Nora Ampudia.

“Era necesaria, claro que sí, pero tenía que haber ido acompañada de programas de investigación, de desarrollo, de innovación tecnológica para elevar la productividad. Porque la productividad va a la baja, los costos laborales al alza; pues las empresas se pasan a la informalidad, así de simple”, señala.

Necesaria sí que era: un análisis de Máximo Ernesto Jaramillo Molina, profesor del ITESO y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, que fue incluido en la presentación de las Perspectivas Económicas de la Escuela de Negocios ITESO, muestra cómo el aumento del salario mínimo en los últimos años ha recuperado el poder adquisitivo de los trabajadores.

Aún así, los 315.04 pesos actuales no alcanzan para comprar lo que se podía adquirir con un minisalario de 1981. Es decir, que este aumento que ha metido en tantos problemas a los empresarios, ha devuelto apenas la capacidad de compra que tenían los obreros hace más de cuatro décadas.

“Para una buena parte de los patrones, sobre todo, evidentemente estamos hablando de microempresas, resulta extraordinariamente difícil el pago del salario mínimo”, advierte Ignacio Román Morales, profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit y asociado de Oxfam, una confederación internacional de organizaciones no gubernamentales, que realizan labores humanitarias en 90 países.

“¿Eso quiere decir que no tendría que aumentar el salario mínimo? No, no quiere decir eso: lo que quiere decir es que el problema del salario va más allá de una decisión aislada sobre cuánto deben ganar y tiene que ver también más con las condiciones del mercado en México”.

Poder monopólico e incertidumbre internacional

Para Román Morales, el problema es mucho más profundo, y tiene que ver con “el enorme grado de monopolio que tiene la economía mexicana”.

“La mayor parte de las utilidades se concentra en empresas grandes y gigantes corporativos. Eso, evidentemente, también deteriora la capacidad del resto de las unidades económicas para poder mantenerse dentro de una lógica de formalidad”, explica. “Es decir, estamos teniendo un fenómeno de asfixia, no por el lado de la decisión gubernamental con respecto a los salarios, sino por el lado del control de los corporativos de las utilidades”.

Para mejorar las condiciones de salarios, afirma, también es necesario mejorar las condiciones para que las micro y pequeñas empresas tengan mejores condiciones frente a los grandes monopolios, que actualmente acaparan la mayoría de las ganancias del sector empresarial mexicano.

Otro factor que destaca el académico es la dependencia ante Estados Unidos, país al que se exporta más de 80 por ciento de los productos que México vende al extranjero.

En tiempos en los que la política arancelaria del gobierno de Donald Trump obstaculiza este comercio, es obvio que hay un impacto en el sector empresarial local, considera. “Vamos a tener muchas más dificultades para ingresar al mercado norteamericano, no solamente para las grandes empresas, sino para sus efectos de encadenamiento hacia las demás empresas; entonces, también estamos teniendo un efecto de temor en el conjunto de la economía”, dice.

“Si estamos teniendo expectativas de muy bajo crecimiento, de riesgos de mayores problemas con los Estados Unidos a futuro; si estamos en un año de revisión del tratado de libre comercio, en donde no se va a poder negociar nada, porque te ponen las pistolas en el pecho y lo que te dicen es ‘O haces lo que yo te digo o asume las consecuencias’, entonces, en esas condiciones, es muy difícil para gran parte del empresariado poder generar efectos positivos”.

Dudas y escepticismo

¿Qué se hace con un monstruo de tantas cabezas? En la mayoría de las entrevistas, la pregunta de cuáles son las soluciones a esta situación se respondió con dudas y escepticismo.

Israel Macías, de la Universidad Panamericana, señala que la prioridad tendría que ser la reactivación económica y, para eso, “hay que dar certidumbre a la inversión y combatir en serio la inseguridad y todo el problema que genera esta parálisis de la actividad económica en sectores completos”.

Con todo, tiene la impresión de que esa no es la intención del gobierno federal y que su plan es notoriamente más modesto.

“Creo que el tiro final al que ellos le apuestan es la renovación del Tratado de Libre Comercio, quitar esta incertidumbre que ha estado desde que entró el presidente Trump el año pasado, y que eso sea lo que detone y destrabe las inversiones que estaban comprometidas, y ya. Creo yo que, en realidad, ese es el plan de este gobierno”.

Mireya Pasillas también se muestra escéptica acerca de que un problema tan complejo pueda combatirse en el corto plazo en las condiciones actuales. Con todo, propone como una idea lógica crear un programa de alivio temporal dirigido exactamente a las empresas que acaban de desaparecer de los registros y que, por ende, podrían ser más susceptibles de regresar a ellos.

“Yo estaría tocándole la puerta al IMSS para decirle: ‘A ver, por favor, pásame el listado de las empresas que se están dando de baja en mi estado’ y vamos a hacer un programa directo con estas empresas para ver cuál es el problema por el cual están o cerrando o yéndose a la informalidad”, dice. “De otra forma, están tratando de pegarle a la piñata con los ojos vendados”.

Eso sí, tampoco tiene gran confianza en la intenciones o las capacidades de las autoridades en el ámbito económico.

“La verdad es que no tienen buenos analistas económicos. La política económica la están llevando empresarios y solamente con intereses propios, y no están pensando en una política integral en el estado de Jalisco, y a nivel nacional, tampoco”, comenta.

Josefina Robles afirma que el primer paso debería ser tener un diagnóstico real de la situación de las empresas, con datos levantados en campo y no desde un escritorio. “No llegamos a entender el problema; entonces, todas nuestras soluciones son parciales, limitadas”, considera.

El académico de la UdeG, Ruiz Porras, pone sobre la mesa la necesidad de simplificar los trámites administrativos que se les pide hacer a las empresas, además de apostar por la educación de empresarios y trabajadores.

“Se puede trabajar dando esquemas de capacitación y técnica, y orientación financiera. Se puede trabajar en términos de generar esquemas de educación orientados a que la gente conozca sus derechos y obligaciones”, precisa.

Raúl Flores, presidente de la Coparmex, insiste en que 2026 será un año clave, en el que México tiene oportunidades importantes, como la relocalización de inversiones y la integración regional.

“Pero, para aprovecharlas, necesitamos algo muy básico: reglas claras, seguridad, certeza jurídica y condiciones que permitan a las micro y pequeñas empresas mantenerse y crecer”, afirma.

Mientras que Román Morales agrega a la lista la necesidad de un organismo antimonopolios fuerte y una mejora de la recaudación fiscal a las grandes fortunas.

“Son sueños guajiros, pero yo diría: lograr que los grandes corporativos de México realmente paguen de manera proporcional al aumento de sus utilidades; igual que los grandes multimillonarios. Pero, bueno, está en chino”.

Para saber más
:: Políticas para la formalización de las micro y pequeñas empresas en América Latina.
:: La formalización de las empresas.