A principios de julio, la Cátedra Konrad Adenauer estuvo dedicada a analizar los posibles efectos en materia laboral en caso de aprobarse la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se discute en el Congreso. Para dar otros elementos para el análisis y comprensión de dicha reforma, Jorge Barajas nos comparte su punto de vista sobre la propuesta legislativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional.

Foto tomada de http://informate.com.mx

La propuesta de reforma a la ley federal del trabajo presentada por el PRI en el primer semestre de 2011 significaría, en caso de aprobarse, un retroceso para el país. Muchos sindicatos y organismos civiles han señalado que esa propuesta podría ser perjudicial para México, pero la mayoría de ellos sólo ha esgrimido cuestiones ideológicas, incluso dogmáticas, sin precisar en dónde radica el peligro de esa propuesta de ley.

En ese sentido, lo primero que hay que advertir de esa propuesta es que se trata de un engaño. Al principio aparenta ser algo bueno, pero el texto de la ley resulta ser todo lo contrario.  En la exposición de motivos que el PRI entregó al congreso, junto con la propuesta de ley, puede leerse que  el objetivo es la de dar un nuevo impulso a la economía mexicana, actualizando la legislación laboral a las nuevas circunstancias del mercado internacional. Hasta ahí todo bien. Pero al momento de leer el articulado de la nueva ley, nos encontramos con algo totalmente distinto. Particularmente, se introducen nuevas y variadas formas de empleo temporal; se faculta a los patrones para despedir casi a cualquier trabajador sin la obligación de pagar una liquidación; se elimina la figura de “solidariamente responsable” en los casos en que los patrones hacen uso de agencias de empleo, dando margen para la evasión de responsabilidades laborales por medio de la creación de empresas fantasma –las agencias de empleo– que podrían aparecer y desaparecer a gusto del patrón.  Con toda franqueza, ya sólo haría falta que esa nueva ley permitiera la contratación de trabajadores sin seguridad social para que podamos decir que retrocede por completo a los estándares del siglo XVIII.

Sin embargo, hay un apartado de esa nueva ley que llama la atención. La propuesta incluye la obligación de los sindicatos de realizar elecciones de sus representantes bajo la figura del voto libre y secreto.  Es un artículo que lleva el sello panista y que tiene la intención de debilitar a los sindicatos corporativos y antidemocráticos afiliados al PRI. ¿Pero no se trata de una propuesta del PRI? En efecto, es una propuesta del PRI, pero en el cabildeo interno de ese partido los sindicatos ya no tienen tanto poder y quienes redactaron la mayor parte de la nueva propuesta son los grupos más afines a la idea de un libre mercado, alejados de los viejos y dinosáuricos líderes priístas.

A la mayoría de los mexicanos, y especialmente a los trabajadores, no nos molesta que se ataque a esos supuestos sindicatos, pero tampoco nos gusta la idea de que se deje todo a las leyes naturales del mercado: ya sabemos la desigualdad social y la pobreza que eso genera. No obstante, la obligación de utilizar el voto libre y secreto es un procedimiento que bien podría ser aprovechado por los trabajadores para formar sindicatos reales, algo que resulta casi imposible en estos momentos.

En cuanto a la impartición de justicia laboral, la propuesta no reforma nada sustancial, lo cual es de lamentarse ya que la impunidad y la corrupción seguirán reinando en las juntas de conciliación y arbitraje. Paradójicamente la esperanza en impartición de justicia laboral proviene de otra reforma, la que en julio pasado dio facultades a las comisiones de derechos humanos para atender casos en materia laboral. Sin duda es una nueva herramienta que los trabajadores pueden usar para obtener algo de justicia. Por cierto, aunque no tenían facultades para tender casos laborales, la mayoría de las quejas que reciben las comisiones de derechos humanos son, precisamente, de materia laboral.