No hay que perder la capacidad de asombro ni la indignación. Es la sentencia de Guillermo Zepeda Lecuona, un abogado, académico del ITESO y, desde 2008, integrante de un grupo de investigadores consultados por el presidente Felipe Calderón para el tema de seguridad.

Una semana después de la más reciente reunión con el presidente, en la que participó y que tuvo lugar en el Campo Marte, en Ciudad de México, comparte en entrevista algunas reflexiones y datos reveladores sobre la inseguridad y la impartición de justicia en el país.

En su despacho, en Guadalajara, sobre la mesa del café está el libro que presentará en septiembre, ¿Cuánto cuesta la prisión sin condena?; él trae las tazas servidas y da su justificación:

“Una disculpa, me acosté a las 6:30, terminando de cruzar datos para unos índices de evaluación”, dice y se muestra dispuesto a dialogar sobre su participación en el reciente foro “Hacia un modelo policial para el México del Siglo XXI”. También habla de los aciertos y desacuerdos sobre la estrategia de Calderón en la guerra contra el narco, y atisba una solución a la situación de inseguridad y violencia en México.
 
¿Cuál es el balance que hace sobre la estrategia del presidente Felipe Calderón en el combate al crimen organizado?

Se ha dado una lucha muy larga, se pensó que iba a durar menos, pero se ve que está en su punto más cruento y que habrá más violencia antes de que la tendencia cambie, todavía nos esperan uno o dos años más de estos niveles de violencia. Le tocó a este gobierno (el de Felipe Calderón) un cambio del esquema de las drogas, antes eran grupos criminales homogéneos, dos tres grupos criminales que pasaban droga por Tijuana, El Paso y Ciudad Juárez, eran rutas muy lucrativas que se lubricaban con corrupción de alto nivel; la droga llegaba a Lázaro Cárdenas (Michoacán) o al aeropuerto de Ciudad de México y se iba a Juárez, y había una cadena de corrupción que hacía que llegara sin contratiempos en grandes cantidades a Estados Unidos.

Luego, viene el Cártel del Golfo que abre la ruta de Tamaulipas, que no pintaba en los años 60, su negocio era muy lucrativo y estaban en algún nivel de contubernio con seguridad pública o autoridades de alto nivel y, por lo tanto, su interés era pasar sin problemas sus drogas y no tenían ningún otro interés en generar problemas sociales y políticos en el país.

Sin embargo cuando se cancela la ruta del Caribe y se crea sólo la ruta mexicana, los narcos empiezan a pagar en especie y empieza la competencia de las drogas sintéticas en Estados Unidos. Cambia el mercado, ya no es tan rentable y no ajusta para ser oligopolios de tres grupos criminales en el país y comienzan a segmentarse los grupos. […] Ya no sólo es un grupo el que lleva la droga, sino que se va segmentando y empieza también el negocio, no tan rentable, pero nada despreciable del narcomenudeo, y empieza una lógica territorial, cambia a una lógica de mafia. Antes querían pasar inadvertidos, ahora al contrario.

Este nuevo esquema le ha tocado al gobierno enfrentar. Creo que en la actualidad se está haciendo un replanteamiento de la estrategia federal, el presidente se ha persuadido de que no puede, de que ha fallado la comunicación política en el país; la ciudadanía no ha recibido el mensaje de que solamente se va a superar esta lucha con el apoyo de la población, la población todavía lo vemos como algo ajeno, como un asunto del gobierno y los criminales.

Los países que lo han superado (el crimen organizado), como Italia, lo han hecho con (el apoyo de) la gente, ahí está el ejemplo de Gianluca Orlando (ex alcalde de Palermo). En la medida en que los narcos se cansen de ser el prototipo de mafioso, cuando a las personas de Culiacán no les interese que les pregunten por la Reina del Pacífico, cuando se cansen del estigma de ser una población de narcotraficantes o cuando seas cáncer de esto tendremos que empezar a tomar medidas.

Los narcos viven y hacen negocios en la sociedad y la sociedad tolera y hace negocio con ellos, acepta en los círculos sociales a personas que se sabe o sospecha que no es bien habida su fortuna. Hay zonas del país que están altamente narcotizadas, es decir, la economía local del pueblo depende de los mafiosos del pueblo.

El presidente está tratando de acercarse a la sociedad, venderles el argumento de que hay que cerrar filas en torno al Estado. En el tema penal de política criminal ya está tomando conciencia de que criminalizar el consumo de las drogas no es lo más adecuado; 75 por ciento de los recursos (en el tema de seguridad) se van a los delitos menores, y se dice que hay 12 mil traficantes bajo las rejas, pero 87 por ciento de ellos son acusados de poseer drogas y sólo el 13 por ciento es por tráfico, producción y comercio, entonces se está criminalizando el último eslabón de la cadena y en eso se van muchos recursos, aproximadamente 11 mil pesos de averiguación previa y 18 mil de proceso penal.

Ahora hay un cambio, la convocatoria a estas reuniones (con académicos y sociedad civil) no la hizo el secretario de Seguridad Pública, que era quien llevaba la batuta en políticas sobre seguridad, la hizo el secretario de Gobernación; el rostro de la política presidencial era Genaro García Luna, el policía del gabinete, ahora es un rostro político. Se ve que hay un cambio de la óptica meramente policial al ámbito más político y de política interior. En ese sentido era necesaria la lucha contra el crimen, se está mejorando o tratando de, con inteligencia policial, dar golpes de precisión, que realmente afecten la capacidad de operación y de violencia de los grupos criminales, en vez de atacar al narco con escopeta, mejor golpes de precisión sabiendo en qué punto de las organizaciones criminales impactar.

 
¿Qué se ha logrado avanzar en el tema de fiscalización a las cuentas de narcotraficantes?

Es fundamental y es donde más se acusa que el gobierno no ha hecho todo lo que hubiera podido hacer, la Secretaría de Administración Tributaria no ha querido tomar la responsabilidad de esta política de perseguir el lavado de dinero. El crimen organizado tiene tres pilares: es una actividad muy lucrativa que le permite mucho poder de corrupción, una alta dosis de contubernio con las autoridades, y también su capacidad de violencia. Por lo tanto, la parte financiera es muy importante porque es de esos pilares; en México una parte muy importante del PIB proveniente del crimen organizado se lava en el país. El SAT no ha tomado esa responsabilidad, y lo que dicen los expertos es que tiene que ser una instancia independiente la que acceda a archivos financieros del Estado para triangular información y detectar movimientos inusuales o contraintuitivos de los recursos.

Es un área donde se señala que el gobierno no ha mejorado en cuanto a legislación y en crear una entidad sólida en el tema de lavado de dinero. La PGR hace investigación, pero debería haber un órgano con más recursos y con más inteligencia financiera para acceder a esa información.
 
Mencionó la estrategia del ex alcalde de Palermo, Gianluca Orlando, como un ejemplo de solución al crimen organizado, ¿Qué destaca de su estrategia?

Él señalaba que al crimen organizado había que tratarlo como a un tumor cancerígeno, que cuando ya está creciendo mucho los médicos impiden que le llegue sangre, tratar de aislar lo más posible, para que no sea tan agresivo. Algo así hay que hacer con el crimen organizado, quitarles todo el apoyo social, pues tienen una red social en la que son bien vistos como mecenas, por su labor social, lo hacen para tener una red de protección o al menos ser admitidos en la sociedad.

Él (Gianluca) les fue cerrando esta parte, convencido de que (a los ciudadanos los) estaba afectado, porque muchas veces la sociedad dice ‘mientras no me toque a mí, yo no consumo drogas’, pero los hijos están cada vez más a merced del hampa y son víctimas colaterales. Ya hay demasiadas personas armadas en el país, no sólo es el tráfico de drogas, los Zetas ya están extorsionando y a población de la clase media, antes parecía que el secuestro y la extorsión era sólo para personas poderosas; hay personas que son asesinadas por problemas de tránsito en las calles, por violencia en los bares. Se necesita que la sociedad, para empezar, recupere su capacidad de sorpresa, parece que nos estamos resignando a que los medios de comunicación nos den el horóscopo, el estado del tiempo y los decapitados del día. No hay que perder la capacidad de sorpresa y la indignación.

En ese sentido Gianluca fue persuadiendo de quitar el estigma, que había que aislar, que no era vivible un Palermo con 800 homicidios al año. Él lo recibió con 800 homicidios al año y lo terminó con doce, después de 11 años de gestión. […] Fue parte del apoyo de la sociedad, fue articulando esos esfuerzos, que en la actualidad existen, pero podría ayudar mucho que la indignación de las víctimas y el trabajo de defensores de derechos humanos se articulara para mejorar la seguridad.
 
¿Qué temas trató con el presidente Felipe Calderón?

Un tema tratado es que las cifras escasean, me tengo que resignar a usar información de los juzgados de 2008, como académico, estoy 16 meses atrás de la realidad. Estoy evaluando la realidad con lo que pasó hace 16 meses, y de un tema tan urgente y cotidiano.
 
El presidente se comprometió a considerar la norma oficial en el tema de estadística criminal y a darnos información lo más actual posible. […] Hicimos críticas de la información que está generando y la que debería generarse sistemáticamente.

Esta última vez (la semana pasada), se habló de las cifras de la política criminal segmentada, del uso irracional de los recursos en el tema de seguridad, le interesaron los temas penitenciaros, por ejemplo, todos los días gastamos 30 millones de pesos en manutención de reclusos y sólo 7 por ciento son de alta peligrosidad; todos los días 95 mil personas que se presumen inocentes viven como culpables porque viven en la cárcel, y en la investigación empírica 45 por ciento de esas personas que están en prisión durante su proceso salen libres casi el día de su sentencia. Paradójicamente mientras se presumen inocentes estaban en la cárcel y ya que fueron condenados salen. Le di estos datos (al presidente) de lo mal que se usan los recursos en el sistema, de que es contraproducente la política criminal porque distrae recursos que bien podrían servir para combatir los delitos que nos roban la calma. Señalé que mientras no se combata la impunidad no se acabarán las ejecuciones. La impunidad del homicidio en México es alta, 70 por ciento de los homicidios queda impune.
 
Con la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel se suponía una ola de violencia, ¿qué lectura hace del caso, esa ola se retrasó o nunca llegará?

Se asumía que el Cártel del Pacífico tenía mucha presencia o hegemonía. En Jalisco, sobre todo en Guadalajara, decía Luis Astorga (especialista en tráfico de drogas): ‘Hay que investigar la violencia en Culiacán, en Ciudad Juárez, en Laredo, pero también hay que investigar la tranquilidad en Guadalajara’. Se asumía que aquí vivían muchos familiares de los capos del Golfo del Pacífico, se decía que era una zona hegemónica, Jalisco parecía una zona geográficamente a salvo de estos conflictos.

De pronto ya empezó a haber aquí los descuartizados, que es este grupo criminal seguramente de Los Zetas, que están buscando la plaza de Guadalajara, que es muy lucrativa para controlar los giros negros, sí se decía que era este riesgo, que estaban teniendo cada vez más presencia, si mal no recuerdo las cifras de enero a mayo (indican que) ya se alcanzó todo el número de ejecuciones del año anterior en Jalisco.

La violencia está creciendo en el Estado, y al detener (matar) a una persona tan importante en el organigrama en el Cártel del Pacífico, como Nacho Coronel, se asumía que los equilibrios se iban a trastocar, pero las ejecuciones que se han dado siguen siendo las mismas que las que ya habían estado presentándose, sí hay una expectación de ver qué tanto la afectación al Cartel del Pacífico va a cimbrar la delincuencia más regional, lo local de estos grupos de Zetas o de delincuencia organizada más descentralizados.
 
Recientemente participó en un foro donde se discutió la propuesta del gobierno federal de crear un mando único policial, ¿cuál es su postura al respecto?

Hay un documento de Seguridad Pública Federal, que es un diagnóstico de las policías municipales y sí dice que son muchas corporaciones y que más de la mitad de municipios del país tienen menos de diez policías, pero lo que no explica es qué tiene que ver el mando único con cambiar ese diagnóstico, parece que sólo se anula el síntoma y no se ataca la enfermedad de fondo, o sea, ‘está muy mal la policía municipal hay que desaparecerla’, pues también el ministerio público y no veo que alguien quiera desaparecerlo. No se ve en qué forma el mando único va a cambiar lo que no han cambiado 15 años por profesionalizar a la policía, me parece que el diagnóstico mete en un mismo saco a realidades muy diversas, los municipios son muy diversos: 25 corporaciones policíacas del país concentran al 30 por ciento de los policías municipales del país, Guadalajara tiene la tercera corporación más grande de México, Zapopan la novena.

Este enfoque de mando único sólo ve la parte penal de la policía, no ve que también es un servidor público, que es el primer rostro del Estado al que se le reportan anomalías de los servicios públicos, el de programas de proximidad. En un país donde la mitad de los delitos comienza por conflictos entre vecinos, familiares o compañeros de trabajo una policía de proximidad es muy importante y no se sabe si un mando único vaya a tener en mente algo que no sea lo penal. Quita la fuerza pública al municipio que es una función vital.