En Veracruz, el sueldo máximo al que un reportero policiaco aspira en los dos medios impresos de mayor circulación es de 5 mil pesos al mes. Fuera del puerto o de la capital, los salarios pueden bajar a menos de 3 mil pesos. No tienen prestaciones y algunos ni días de descanso. Muchos tienen un doble trabajo en áreas de comunicación de alguna institución oficial.

 Flickr/Cimacnoticias

El 6 de diciembre de 2012, a las 7:36 p.m. el portal de noticias Plumas Libres publicó en la red social Twitter unos mensajes de alerta: 

“Por la falta de garantías para el ejercicio del periodismo en Veracruz y el respeto a la integridad de sus miembros…

“Plumas libres retirará la información sobre los hechos en Antigua

“Esperamos la comprensión de la sociedad ante un escenario de descomposición creciente para el periodismo en Ver”

Los tuits se referían a una nota sobre la localización de 8 cuerpos en el paraje de la Ceiba, que había sido subida a la página dos horas antes. “Reportan masacre en Cardel”, titulaba la nota. Cardel es la cabecera municipal de La Antigua, municipio que está a unos 30 kilómetros al norte del puerto de Veracruz.

Plumas Libres era el último reducto de resistencia al silencio forzado de periodistas y medios de comunicación de ese estado suroriental, impuesto por los grupos criminales y avalado por autoridades de todos los niveles de gobierno. Fundado en mayo de 2009, rápidamente se convirtió en un medio de referencia, en el que algunos periodistas se atrevían a publicar sin firma la información que no cabía en ningún otro medio. Desde que nació, hizo público un código de ética que establece un compromiso con el derecho a la información y a la libertad de expresión, y pautas claras en las relaciones comerciales con sus clientes. Así aguantó los dos primeros años del gobierno de Javier Duarte, en los que Veracruz se convirtió en uno de los sitios más peligrosos para ejercer el periodismo.

Duarte tomó posesión del cargo como gobernador del estado el 1° de diciembre de 2010, en sustitución de Fidel Herrera Beltrán. De esa fecha a diciembre de 2012 fueron asesinados 9 periodistas, al menos otros 4 están desaparecidos, una veintena se vio forzada a abandonar el estado y/o a dejar el periodismo por amenazas a su vida y un diario fue incendiado.

El gobierno de Veracruz ha intentado por todos los medios mejorar su imagen. La franquicia del Hay Festival Xalapa tuvo en 2012 a famosos periodistas como invitados especiales. La oficina de Comunicación Social mantiene una dura política de control sobre los medios a través de las pautas publicitarias, y en varios casos ha solicitado a los directivos el cambio de asignatura de reporteros críticos.

En septiembre de 2011, después de que dos ciberactivistas que difundieron rumores de ataques en escuelas fueron encarcelados por “terrorismo”, el Congreso del Estado aprobó una controvertida reforma al artículo 373 del Código Penal, popularizada como “Ley Duarte” que sancionaba con 2 a 4 años de prisión y multa de 500 a 1000 días de salario a quien “por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos y otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando perturbación del orden público”.[1]

Finalmente, en junio de 2012, el gobernador anunció la creación de la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, que se formalizó el 18 de diciembre con un presupuesto anual de 15 millones de pesos, de los cuales, más de la mitad serían para salarios de 37 personas que forman la estructura operativa.

La Comisión está integrada por Rocío Ojeda Callado, directora de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, como presidenta, y la académica Namiko Matzumoto Benítez, como secretaria ejecutiva, además de ocho comisionados: Baltazar Pazos Gómez, dueño de uno de los medios más influyentes en la zona conurbada; Norma Gibb Guerrero, propietaria de La Opinión de Poza Rica; Rogerio Pano Rebolledo, director de Telever; Jorge García Morato, coordinador de MVS Radio en Poza Rica; Benita González Morales, directora de Notisur; Gerardo Enríquez Aburto, presidente de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos; Martín Jesús García Pérez, presidente del Frente de Comunicadores del Norte de Veracruz y Jorge Morales Vázquez, reportero reconocido en el gremio y uno de los socios de Plumas Libres, cuyo nombramiento fracturó al equipo y lo obligó a separarse de su actividad en el portal.

Pero los reporteros ven al organismo “autónomo” como un instrumento más de control estatal y la mínima confianza que le tenían se esfumó a principios de 2013, cuando Morales fue apercibido por hacer públicos los gastos de la Comisión.

El mapa de la agresiones en Veracruz

Veracruz es la tercera entidad más poblada del país, con 7,6 millones de habitantes, y uno de los nueve que no han conocido la alternancia política. Tiene 720 kilómetros de costas y fronteras con otras siete entidades. En la última década se convirtió en la zona más peligrosa para los migrantes centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos. Es también una de las regiones más asoladas por la violencia que ha producido la extensión de Los Zetas -el más cruel de los grupos criminales que operan en México- en la franja oriente del país[2]. Una investigación del diario Milenio, publicada en octubre de 2012 y basada en registros forenses, reveló que de 24 mil cuerpos enterrados sin nombre en el gobierno del presidente Felipe Calderón, 5 mil están en Veracruz. La información es incompleta, pues el gobierno estatal se negó a entregarla argumentando que “invadiría la privacidad” de los cadáveres desconocidos.

El escenario político también es complejo. En las elecciones presidenciales de julio de 2012, el Partido de la Revolución Institucional (PRI) perdió todas las casillas de la zona urbana de la capital, pero ganó en el resto del estado con el voto de las áreas rurales, donde los grupos criminales tienen el control, y de la región petrolera, controlada por el senador priísta Carlos Romero Deschamps.

En ese contexto, Veracruz saltó en 2011 y 2012 a los primeros lugares de todas las listas negras de libertad de expresión. Registró todas las formas graves de ataques a la prensa: periodistas asesinados y desaparecidos, mujeres periodistas agredidas, ataques a medios de comunicación y periodistas forzados al exilio. En el mapa de las agresiones a periodistas destaca el puerto, con seis periodistas y una trabajadora del área de publicidad asesinados, seguido de Xalapa, con dos periodistas asesinados, entre ellos la corresponsal del Semanario Proceso, Regina Martínez. De ahí también son la mayoría de los periodistas desplazados.

Hay otra zona al sur, entre los municipios de Acayucan y Chinameca, donde desaparecieron tres periodistas -uno de ellos, Noé López Olguín, fue asesinado-. En esa región, cercana al puerto petrolero de Coatzacoalcos, se encuentra Ciudad Isla,una comunidad que es foco rojo por desapariciones y asesinatos de mujeres.

Córdoba, donde el diario El Buen Tono fue incendiado, es una ciudad de la cordillera montañosa colindante con la Zongolica y Río Blanco, una parada importante en la ruta de los migrantes centroamericanos. Los reporteros de la región confirman que, desde hace por lo menos un año, los directivos reciben llamadas de grupos criminales con indicaciones de lo que deben o no publicar.

Pero la gran zona de silencio está en el norte del estado, en la región del Pánuco que colinda con Tamaulipas. Ahí, Twitter es el único medio para tener información de las constantes balaceras. Miguel Morales, el último reportero desaparecido, trabajaba en el Diario de Poza Rica, municipio ubicado entre la capital y esta zona.

Impunidad, miedo y exilio

La prensa de Veracruz captó la atención del mundo con los asesinatos de Miguel Ángel López Velasco y Yolanda Ordaz, veteranos periodistas de Notiver, el diario de mayor circulación del puerto, en junio y julio de 2011[3]. Entre finales de julio y mediados de septiembre, al menos 13 reporteros huyeron del estado, entre ellos, Miguel Ángel López Solana (hijo de López Velasco), Hugo Gallardo, corresponsal de Televisa, y Rafael Pineda Rapé, corresponsal de Milenio y Chamuco.

En diciembre de ese año, la Red de Periodistas de a Pie recopiló los testimonios anónimos de cinco reporteros –tres del puerto, uno de Xalapa y otro de Acayucan- sobre lo que habían vivido ese año. Este es parte de uno de ellos:

La psicosis se ha apoderado del periodismo en Veracruz (…) Ante el éxodo masivo de reporteros policiacos, las mesas de redacción se quedaron con el problema de cómo llenar esa sección (…) el nuevo gobierno estableció la política de censura ‘sutil’, la cual significa que, casi inmediatamente de subir una nota que hable sobre la violencia en el estado, los medios reciben una llamada de parte de Comunicación Social pidiendo que la eliminen o que sólo dejen el boletín de prensa publicado. Nadie sale a informar desde aquel 26 de julio, día en que se encontró el cuerpo decapitado de Yolanda Ordaz. De por sí el compromiso por buscar un buen reportaje en Veracruz se mantenía de bajo perfil. La investigación y el quehacer periodístico han quedado en segundo plano.

La inacción de las autoridades para esclarecer los crímenes y garantizar el libre ejercicio del periodismo provocó una escalada en las agresiones graves a periodistas. En 2012, Veracruz concentró 6 de 8 asesinatos y trabajadores de medios y 2 de las 4 desapariciones que se documentaron en todo el país.

El asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, quien el 28 de abril de 2012 fue estrangulada en el baño de su casa en Xalapa, elevó al máximo la alerta en el gremio. Martínez era una periodista reconocida que trabajaba en un medio de circulación nacional, vivía en la capital -que hasta entonces parecía intocable- y no cubría la fuente policíaca, sino temas de política y corrupción. Su asesinato fue noticia en la prensa mundial y en la ciudad de México hubo protestas. En Xalapa, los periodistas vivieron una crisis de terror que se agravó con el asesinato del profesor universitario José Luis Blanco, un académico cercano a la periodista.

En el testimonio que había escrito apenas cuatro meses antes, y que es uno de los cinco recopilados por Periodistas de a Pie, dejó claro el terror con el que vivía:

La prensa veracruzana vive sus momentos más difíciles, de represión, desapariciones, asesinatos, amenazas de muerte, despidos y censura. La autocensura se ha extendido a raíz de los asesinatos, hay pánico en los reporteros y fotógrafos que ya no salen a cubrir accidentes o las notas policiacas (…) A los fotógrafos, la misma policía les ordena desaparecer imágenes. Otros reporteros tienen amenazas de secuestro. Ahora vivo el peor clima de terror, cierro con llave toda la casa, no duermo y salgo a la calle viendo a un lado y otro para ver si no hay peligro…

Cinco días después del asesinato de Martínez, Veracruz volvió a ser nota mundial. El 3 de mayo, mientras el mundo celebraba la Libertad de Prensa, fueron localizados en un canal de drenaje del puerto-y adentro de bolsas de plástico- los cuerpos mutilados de tres fotógrafos: Gabriel Huge, de Notiver, Guillermo Luna, de la agencia Veracruznews y Esteban Rodríguez, ex colaborador del diario AZ, así como de Irasema Becerra, trabajadora del área de publicidad del diario El Dictamen. Los fotorreporteros habían huido de Veracruz en julio de 2011, pero regresaron ante la imposibilidad de conseguir trabajo en otro lado. Esteban Rodríguez ni siquiera regresó al periodismo; estaba trabajando en un taller mecánico. Sus compañeros de trabajo recibieron la orden expresa de los directivos de sus diarios de no asistir a los funerales. El diario AZ se deslindó públicamente de cualquier relación laboral con su ex empleado y la hermana de uno de ellos, que trabajaba en El Dictamen, fue despedida con el argumento de que su presencia ponía en riesgo a la empresa. Las condiciones en las que encontraron los cuerpos provocaron el segundo éxodo de reporteros del estado.

Uno de ellos, Miguel Ángel López, decidió buscar asilo en Estados Unidos y el 22 de mayo, en el Foro de Austin del Periodismo de las Américas, presentó un conmovedor testimonio de la soledad de los periodistas veracruzanos. Otro reportero que tuvo que dejar el país fue Andrés Timoteo, corresponsal de La Jornada. Un periodista veterano en medios locales confesó en una reunión que para soportar la tensión de esos días había aumentado su consumo de alcohol. Otro, ante la pregunta de “¿qué necesitan?”, pidió una pistola. Pero aclaró: “No es para defenderme, sino para que no me agarren vivo”.

El 11 de mayo, Cecilio Rodríguez Domínguez, reportero de la revista Proyectos de Chinameca, desapareció, de la misma forma y en la misma región que un año antes desaparecieron Noé López y Manuel Fonseca. Pero su ausencia pasó desapercibida, en medio del escándalo por los asesinatos de sus colegas.

El 7 de junio, para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión, el gobierno estatal anunció la creación de la Comisión para protección de periodistas y en una fiesta rifó, entre otros regalos, 5 automóviles último modelo y 10 becas para un curso de una semana en España, con gastos pagados. Víctor Manuel Báez Chino, editor de la sección policiaca de Milenio Xalapa y de la página web Reporteros Policiacos, ganó uno de los automóviles rifados. Pero no tuvo tiempo de estrenarlo. El 13 de junio fue secuestrado al salir de su oficina y al día siguiente su cuerpo fue localizado con un mensaje del grupo criminal. Era el segundo periodista asesinado en la capital.

El 25 de julio, Miguel Morales Estrada, fotógrafo policiaco del Diario de Poza Rica fue desaparecido. El 19 de julio avisó a los directores que necesitaba salir de la ciudad por “problemas personales” desde entonces nadie, ni su esposa, volvió a saber de él.

Para el gobierno de Veracruz, todos los casos están resueltos.

Días después del asesinato de Milo Vela y su familia, el entonces Procurador de Justicia Estatal, Reynaldo Escobar, señaló como responsable a Juan Carlos Carranza Saavedra, un ex oficial de tránsito municipal relacionado con la mafia, y ofreció una recompensa por su captura. Pero un mes después ligó el asesinato de Yolanda Ordaz con presuntas “ligas” con grupos criminales y como prueba exhibió unas grabaciones y el video de un interrogatorio extrajudicial en el que se mencionan los nombres de los periodistas de Notiver. El diario respondió el 27 de julio con un duro editorial donde rechaza el señalamiento “por injusto, irresponsable y majadero”, exige una disculpa pública y la renuncia del funcionario.

Escobar dejó el cargo en octubre de ese año y su lugar fue ocupado por Amadeo Flores Espinosa, quien repitió la fórmula de su antecesor para “aclarar” los asesinatos de 2012. En agosto, anunció la detención de siete integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que, según su versión, confesaron haber participado en el homicidio de los fotorreporteros en el puerto. “[El testigo] sostuvo que la razón de ello fue que estos reporteros a su vez habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados”, dijo el funcionario, que no ofreció más detalles y no respondió a preguntas.

La Procuraduría no consideró ninguna otra línea de investigación, a pesar de que en febrero de 2008, Huge denunció ante la fiscalía federal que fue privado de su libertad, amenazado y atormentado física y psicológicamente por agentes de la Policía Federal Preventiva[4]. El perito médico de la Procuraduría General de la República certificó las lesiones y el fiscal Arturo Cruz, ofreció enviar la denuncia a la Fiscalía Especializada de Atención de Agravios a Periodistas, lo que nunca hizo.

En la misma conferencia en la que dio por concluida la investigación del cuádruple homicidio del 3 de mayo, Amadeo Flores dijo que también resolvió el asesinato de Báez Chino. En ese caso, la PGJE culpó a dos personas muertas que, según su versión, eran una célula de Los Zetas. Los acusados no pudieron confesar porque fueron asesinados el 19 de junio, cinco días después que el periodista.

Finalmente, el 30 de octubre, la Procuraduría de Justicia Estatal presentó a los medios a uno de los presuntos asesinos de Regina Martínez, que resultó ser un hombre de 34 años, seropositivo y analfabeto. Según las autoridades, el hombre confesó haber matado a Martínez para robarla. Sin embargo, ante el juez declaró que había sido torturado y su madre amenazada de muerte, si él no confesaba. Proceso no aceptó el resultado de la investigación. “En ningún momento el estado consideró el trabajo de Regina como posible motivo del asesinato”, dijo el periodista Jorge Carrasco, comisionado por el medio para seguir las indagatorias.

La inconsistente acusación en contra del único detenido no es el principal motivo de desconfianza hacia la investigación. Desde el asesinato, funcionarios estatales comenzaron a filtrar rumores de que Martínez había sido asesinada por un amante y presionaron a sus cercanos con interrogatorios sobre los hábitos personales de la periodista. Sus amigos fueron hostigados por las autoridades judiciales. El caso extremo es el de Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz, quien recibió el citatorio judicial en plena calle, en una protesta por el asesinato de Regina.

Los más vulnerables

Mary Jose Gamboa era la conductora del noticiero de televisión por cable que se transmitía a las 8:00 de la noche por el Canal 6 y que estaba posicionado en primer lugar de auditorio. Fue despedida el 5 de junio de 2012 por negarse a cambiar la línea editorial. Su salida de Megacable fue el último eslabón de una serie de advertencias que Gamboa recibió durante el primer semestre de ese año y que ella atribuye a sus críticas al gobierno. Antes, le habían roto los vidrios y las llantas de su automóvil estacionado y había recibido amenazas vía Twitter, en las que le hacían evidente que estaba vigilada: “Te conozco más de lo que crees. Ten cuidado. Un mundo nos vigila” (22 de abril). “Qué lindo verte ayer en familia por plaza. Saludos a Polin” (2 de mayo). Días antes de su despido, Gamboa encontró la puerta de su casa abierta y los juguetes de su hija regados por su cuarto y la escalera, uno de ellos con un machete enterrado.

El 5 de junio Notiver anunció su incorporación como columnista, con una editorial titulada “¡Ginochetazo a Marijose!”, en referencia a la coordinadora de comunicación social del estado, Gina Domínguez, con quien la conductora había tenido varios enfrentamientos y a quien se atribuyó la presión para despedirla.

Otro caso es el de Hugo Gallardo, quien era el corresponsal de Televisa y por órdenes de la empresa salió del estado después del asesinato de Yolanda Ordaz. Estuvo fuera más de seis meses y regresó sin trabajo. El 1° de mayo inauguró el portal mirevista.com con una columna que tituló: “Así es ¡Estoy Vivo!” en la que narró detalladamente los meses en el exilio, la soledad, el encuentro en diciembre de 2011 en la ciudad de México con el director de Televisa Veracruz, Ignacio Reyna Carrera, quien le informó que la empresa no podía seguir pagando sus gastos y sería liquidado. También contó su infructuosa búsqueda de trabajo: “Hay una especie de acuerdo con dueños y directores de los medios más importantes, al parecer coordinados por una mano oficial poderosa, que sugieren no sea yo contratado porque me han ‘etiquetado’ como un periodista de riesgo”.

Gamboa y Gallardo ejemplifican una realidad generalizada en la entidad: las acciones contra la prensa tienen un patrón de relación entre autoridades (estatales y municipales) y el crimen organizado, que no permite identificar claramente al agresor. Entre mayo y junio de 2012, con la segunda oleada de periodistas desplazados, el gobierno del estado ofreció, al menos a tres reporteros, mantener los gastos de su estancia fuera de Veracruz “hasta después de las elecciones”. El día de la jornada electoral, los principales medios nacionales –Proceso, La Jornada, Reforma, Televisa— no tenían corresponsales activos.

Otros actores, como las fuerzas de seguridad federales que llegaron con el operativo Veracruz Seguro, y los dueños de las empresas, completan el cuadro de vulnerabilidad de periodistas. El 24 de marzo de 2012, Manuel Monroy, fotógrafo del diario Imagen de Veracruz, y Eduardo Guevara, de Notiver, fueron detenidos por la policía naval cuando cubrían un accidente vial. Les quitaron sus equipos, pero ellos lograron conservar imágenes de su detención ilegal. La denuncia no prosperó y meses después, Monroy se separó de Imagen y del periodismo.

El 1° de junio, después del testimonio de Miguel Ángel López en Austin, Notiver respondió con una furibunda editorial en la que no sólo lo descalifica y desconoce su relación laboral, sino que incluso lo pone en un riesgo mayor, al sugerir una relación del reportero con los asesinos de su familia: “Ahora que está en Estados Unidos puede entrevistarse con la DEA y el FBI -decirles todo lo que sabe-, que usted sabe bastante. Estamos seguros que si alguien sabe quién asesinó a su familia, y por qué, es usted. Tal vez hasta lo contraten como testigo protegido”.

En Veracruz, el sueldo máximo al que un reportero policiaco aspira en los dos medios impresos de mayor circulación es de 5 mil pesos al mes. Fuera del puerto o de la capital, los salarios pueden bajar a menos de 3 mil pesos. No tienen prestaciones y algunos ni días de descanso. Muchos tienen un doble trabajo en áreas de comunicación de alguna institución oficial. Los directivos de los medios han hecho oídos sordos a situaciones bien conocidas en el gremio: llamadas telefónicas de parte de criminales para ordenar la agenda, citas a reporteros, “castigos” –generalmente con tablazos- a los que no cumplen, y una suerte de compensación salarial forzada. En la capital, la principal presión para los reporteros proviene del gobierno estatal.

La mínima organización gremial, el miedo y la desconfianza, complican el escenario. Sin embargo, las y los periodistas han mostrado gran disposición a participar en cursos de actualización, desde redacción y fotografía hasta programas de seguridad, autocuidado emocional y derechos humanos. Esperan de las organizaciones de libertad de expresión una presión política sobre las autoridades locales y dueños de medios. “No nos dejen solos”, pide uno de ellos.