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El derecho a la ciudad

La especulación inmobiliaria y la gentrificación regatean este derecho a sectores de la población que se ven desplazados por un discurso que, en nombre del supuesto progreso, permite prosperar únicamente a quienes más tienen

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Muchas familias, orilladas a comprar en la periferia, abandonan sus casas. Fotos: Alejandro Cartagena
Muchas familias, orilladas a comprar en la periferia, abandonan sus casas. Fotos: Alejandro Cartagena

De alguna u otra manera, colectivos y ciudadanos se han organizado para resistir los embates del capitalismo. Golpes que se manifiestan de diferentes formas: aumento en el precio del alquiler, cambio en los giros comerciales de los alrededores, megaproyectos que buscan “expulsar” a los residentes originales, despojo de parques públicos, cambios en el uso de suelo para construir edificios o mobiliario urbano para el turismo. Todo esto forma parte del proceso de la gentrificación.

Éste es un texto armado como un rompecabezas: la ciudad neoliberal se reproduce cerca y no tan cerca de Guadalajara. En Puebla, Ciudad de México, La Paz. Tenemos piezas suficientes para documentar un proceso extendido a lo largo del país. En todos los casos opera la misma lógica: vivir cerca de los lugares de trabajo y vivir en un barrio es un lujo que no cualquiera puede darse.

Parece que la ciudad no es un derecho, sino un producto que se compra, se consume, se desecha.

A través de estas historias, trataremos de enlazar los diferentes movimientos sociales que se han generado desde cada uno de los barrios para evitar que la gentrificación se vuelva violencia económica contra los pobladores originarios.

 

Santa Tere, el “barrio mágico” tapatío

El 20 de noviembre de 2008, personal del Ayuntamiento de Guadalajara se acercó a los líderes de comerciantes del mercado de la colonia Santa Tere. Con una presentación en PowerPoint, los funcionarios expusieron su plan: convertir a Santa Tere en el primer “barrio mágico” de la ciudad. El proyecto incluía la remodelación de las calles, el cambio de banquetas, inversión en el mercado municipal. Cambiar los viejos comercios por cafés y bares. Ensanchar banquetas y construir ciclovías. En ese momento, pocos repararon en lo que pasaría una década después. El nombre del proyecto no dejaba lugar a dudas: Barrio Mágico de Santa Tere.

El académico David Harvey ha señalado que la ciudad neoliberal se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas es la reconfiguración física de viviendas, comercios y espacios públicos para que los flujos económicos se concreten de manera más sencilla. Y eso ha pasado en Santa Tere durante los últimos 10 años. Con el objetivo de “analizar, detectar oportunidades y desarrollar propuestas tangibles y factibles para detonar el Sistema de Desarrollo Económico de Santa Tere”, el Ayuntamiento de Guadalajara generó un proyecto urbanístico de “rescate” del barrio.

De acuerdo con los documentos oficiales, el Ayuntamiento ofreció a los vecinos y a los comerciantes un proyecto para poner de moda esa zona. Esto repercutiría en su economía, pues el suelo que se estaba pisando era único para generar un producto y una experiencia vendibles para los visitantes. El diagnóstico hecho por la empresa Flossier S.A. de C.V. afirmaba que “el centro del barrio de Santa Tere es un centro de concentración y distribución de riqueza de importancia metropolitana. Esto significa que cada metro cuadrado es fuente de riqueza, generándose una enorme concentración de actores que compiten por ella, ya sea mediante actividades económicas formales, informales o ilícitas”.

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El proyecto se consolidó sin importar la filiación política de quien gobernara en el Palacio Municipal: se generó en la administración del panista Alfonso Petersen (2006-2009); se aprobó el gasto con el priista Aristóteles Sandoval Díaz (2009-2011); se iniciaron las obras con el también priista Ramiro Hernández (2012-2015) y se concluyeron con Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano (2015-2018).

Para ver y medir la gentrificación es necesario abstraerse en el tiempo para ver los cambios paulatinos que se dan en una zona determinada. Hoy, Santa Tere es una de las colonias tapatías donde el alquiler se ha incrementado exponencialmente.

Basta ver los precios que se anunciaban a principios de la década. En la hemeroteca digital de El Informador podemos encontrar este anuncio del 30 de diciembre de 2010, donde se ofrecía en renta un “departamentito $1,350.00, Santa Tere, sólo matrimonios”. O este otro, para negocios, en la misma página del Aviso de Ocasión de ese diario: “SANTA TERE, oficina grande. Juan Manuel 1497, Céntrica, $3,500.00. Varios giros”.

Hoy en día, los precios de renta que se anuncian superan los 10 mil pesos de alquiler mensual. Y locales comerciales rondan los 15 mil pesos de renta por menos de 50 metros cuadrados.

Aunque operó por un par de años, de 2014 a 2016, la organización Mejor Santa Tere buscó hacer consciente este proceso de transformación urbana. Cristian Scoot y Alfredito Romano, en ese entonces dos jóvenes que participaban activamente en la toma de decisiones comunitarias, hicieron desde guardias ciudadanas contra los robos, manifestaciones contra la instalación de parquímetros y hasta talleres de huertos urbanos con las vecinas de las colonias.

Hoy Santa Tere se ha transformado de manera irremediable. Los costos de los alquileres han desplazado a los habitantes que ya no pudieron pagar su renta. Las calles adoquinadas tienen cafés, bares y hasta restaurantes. Bicicletas públicas contribuyen a la movilidad, pero también a la “turistificación” de un barrio que en su historia entrañó a una clase popular.

El plan de construir un “barrio mágico” dentro de la ciudad se convirtió en realidad al cabo de 11 años: fue tan mágico que se desapareció a los pobres.

 

Puebla: información que ayuda a tomar decisiones

En Puebla, sólo 17 por ciento de los predios del centro de la capital está ocupado por familias. La vivienda en los cascos históricos y patrimoniales es un bien escaso. Ya lo veremos más adelante, cuando volvamos a Guadalajara, pero como si fuera un manual de las ciudades coloniales en Latinoamérica, hay muy pocos que se hayan salvado de la hipercomercialización de las zonas céntricas.

Uno de los pasos previos para vivir la gentrificación es precisamente el abandono de dichas zonas. Luego del abandono, el precio del suelo se abarata; semanas o meses más tarde, los predios son adquiridos por inversionistas que después lo revalorizan y terminan por desplazar a las clases más desfavorecidas.

Lizeth Mejorada es directora de una agrupación llamada Puebla Vigila. Desde hace un par de años ha visto cómo los edificios de una zona que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 ahora se destruyen para convertirlos en estacionamientos.

Esta organización ha comenzado, en principio, a investigar. A ponerle nombre a este problema para, después, tratar de llevarlo a la opinión pública. “Mucha gente no sabe lo que es la gentrificación. Si queremos evitarla, tenemos que organizarnos para hacer incidencia con las instituciones correspondientes”.

Trabajar con sus vecinos no ha sido sencillo. Se trata de ganar confianza entre ellos, que muchas veces no tienen mayor coincidencia que el territorio que comparten. “Buscamos activar redes vecinales en torno a la seguridad, con una perspectiva sobre la comunidad, sobre la reconstrucción del tejido social”.

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La gentrificación no sólo afecta a las pocas personas residentes de la zona: “también a los locatarios, sobre todo a aquellos que venden artesanías o productos. También hay movilización de comerciantes”, dice Mejorada.

Hace un par de años, el gobierno de Rafael Moreno Valle creó una oficina llamada Gerencia del Centro Histórico. Su objetivo era diagnosticar la cantidad de predios abandonados o subutilizados. Mejorada asegura que lo que ocurrió en realidad fue que se generó un diagnóstico para llamar la atención de los inversionistas: “Ahora hemos visto un auge de inversión extranjera, sobre todo de China y España. Y lo que vemos es que existe una estrategia de entrega de bienes públicos en comodato a estos inversionistas, sobre todo algunos elementos que son catalogados como patrimonio, como unos lavaderos antiguos que fueron dados en comodato a un hotel”.

El caso fue el siguiente: el Gobierno entregó en comodato los Lavaderos de Almoloya y la Capilla del Cirineo, en el Centro Histórico de Puebla. Aunque se mantienen como inmuebles de acceso público, según lo declarado por Sergio Vergara Berdejo, exgerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, la activista señala que esto no es del todo verdad. La entrega en comodato de los predios con valor patrimonial “no hace más que privatizar y deslindar al Estado de sus responsabilidades con el espacio público”.

La llegada de inversionistas a una zona que parecía olvidada ha ocasionado que suba la plusvalía, “y que mucha gente se ha tenido que mover; dueños de las vecindades se han tenido que desplazar hacia otros lugares”.

La entrega de bienes patrimoniales ha llegado a tal nivel que, según la activista, existen edificios con murales pintados en el siglo xvi que fueron vendidos a zapaterías. “Ahora, si tú quieres ir a ver esos murales, lo que tienes que hacer es ingresar a una zapatería. Los murales patrimoniales están en posesión del dueño de la zapatería. Tendríamos que estarnos replanteando de qué hablamos cuando decimos ‘un bien patrimonial de todos’”.

 

Ponerle nombre al despojo en La Paz,  Baja California

Una vez al mes, Lizeth Mejorada acude a Ciudad de México para recibir capacitación de la Fundación Friedrich Ebert. Durante el mes de mayo, los talleres se enfocaron en los modelos económicos a partir de los cuales se han construido las ciudades. Uno de sus compañeros es Frank Aguirre.

Desde la organización Es Posible, un espacio de colaboración barrial y gestión política, se busca generar información y toma de decisiones en torno a dos comunidades que han sido azotadas por los cambios de uso de suelo: El Manglito y El Esterito, zonas pauperizadas en un área cercana a la playa y al centro histórico de La Paz, en el estado de Baja California Sur.

Dice Frank Aguirre que su principal objetivo es informar para organizarse. “Hemos detectado que de un año para otro aumentó el costo del agua y de la luz, y muchos vecinos piensan que es la inflación. Cuando ves los datos, dicen que es el triple. Vamos, investigamos, y ya en dos ocasiones hemos descubierto que desde el Ayuntamiento cambian el uso de suelo, de habitacional a residencial”.

Esto es especulación, asegura Frank Aguirre. Tratar de ver el potencial que tiene el suelo para venderlo al mejor postor. El problema, según el activista, es que hacer cambios de uso de suelo sin consultar a los vecinos ocasiona problemas como el siguiente:

“La gente que vive ahí no puede pagar un estilo de vida residencial. Para empezar, en El Esterito hay zonas de pobreza. Con el cambio de uso de suelo ya no llegaron los programas sociales, porque ya no formaban parte de los polígonos de atención prioritaria. Ésa fue la primera señal que vieron los vecinos. Luego les incrementaron el costo del predial y de la luz. Por supuesto que esas decisiones no son normales”.

Hace dos años que comenzaron a ver esta problemática: “No hay una receta para combatir la gentrificación. Pero después de ver lo que hicieron en El Manglito, es más fácil caminar juntos”.

Para Frank, los nuevos modelos de economía colaborativa no hacen más que acelerar la precarización de la vida, del trabajo y de la vivienda. Es muy común ver que muchas personas han empezado a rentar uno o dos cuartos de sus viviendas para plataformas como Airbnb. “Pero eso ocasiona que haya muy poca regulación”.

“Si vas a tener cinco o más cuartos en renta, pues deberían regularte como un hotel; deberías pagar impuestos como tal. Porque lo único que ocasionas es que esos cuartos estén solos, y la comunidad se va debilitando con este tipo de estrategias”.

Cuando le pregunto qué es lo que hay que hacer para organizarse y movilizarse frente a la gentrificación, Frank señala que lo primero es informar. “Lo que no se nombra, no existe. Aunque yo no domine el campo de la geografía crítica, lo que importa es hablar de las problemáticas. Hay que vomitar todo lo que nos está pasando, porque es importante comunicar lo que está pasando. Yo no sabía cómo se llamaba, pero yo he sido víctima de gentrificación. Éste es un problema político y hay que organizarnos”.

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Las vías legales para resistir

La gentrificación no afecta sólo a las zonas turísticas y populares del país. Susana Kanahuati es la coordinadora del comité de San Ángel, una de las colonias más emblemáticas de Ciudad de México. En 2014 se enfrentó legalmente contra el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Y logró detener el Corredor Cultural Chapultepec, un megaproyecto que buscaba remodelar la zona contigua al Bosque y al Castillo de Chapultepec.

Su estrategia de resistencia tomó varías vías. Primero, las manifestaciones y las movilizaciones en la vía pública. Eso visibilizó a los afectados. “Cuando yo inicio todo esto, desconocía muchas cosas. Me invitan a reuniones con otros vecinos afectados, de San Ángel, de Lomas, de Chimaltitán, de Bosques de Chapultepec… lo que veo es que es un cierto tipo de comunidad y dije: ´Esto no puede ser, esto afecta a toda la sociedad, no sólo a un sector de la población’. Entonces comenzamos a tejer una comunidad mucho más grande”.

Las estrategias jurídicas fueron el siguiente paso. Comenzaron a organizar amparos colectivos contra el megaproyecto. El argumento que esgrimían en sus denuncias era que los proyectos “no contemplaban la sustentabilidad ni áreas patrimoniales, el Corredor Cultural Chapultepec no fue viable porque nunca hubo permiso del INAH [Instituto Nacional de Antropología e Historia]”.

Después de este evento, que ganó reflectores a escala nacional, la organización no paró. Los afectados del Corredor Chaputepec ahora se sumaron a los afectados del proyecto que busca construir un edificio de más de 48 pisos en el Polifórum Siqueiros, ubicado en la avenida Insurgentes.

“Los vecinos dijimos que no seríamos rehenes de un edificio. Hay personas que van a perder muchísimos derechos y calidad de vida. Nosotros basamos nuestros argumentos en la legalidad: tenemos derecho a la sombra, a la seguridad, al agua, a servicios públicos dignos. Son 14 años de pleito y, por fin, los inversionistas han dicho que sí van a bajar el número de niveles”.

Antes de retirar sus amparos y denuncias, confirmarán con el secretario de Desarrollo Urbano de Ciudad de México que el proyecto cumpla con todas las obligaciones y que se tome en cuenta a los vecinos. De lo contrario, la resistencia judicial persistirá.

 

Escuchar y no imponer: Cuerpos parlantes y Caracol Urbano

Después de estudiar cuatro años en Barcelona, ciudad catalana considerada por algunos como la Meca de la gentrificación en España, Héctor Robledo y Lirba Cano volvieron a Guadalajara en 2011. Encontraron una ciudad totalmente distinta. Después de la estrategia ofensiva del gobierno federal para enfrentar el crimen organizado, los índices de violencia se dispararon. Las calles de la ciudad no eran las mismas: desoladas, con un ambiente de miedo que no recordaban que hubiera habido cuando se fueron en 2009.

Ambos llegaron al barrio de El Santuario para comenzar con dos proyectos que se hablan entre sí: Cuerpos Parlantes, como un espacio de encuentro de las agendas feministas; y Caracol Urbano, un colectivo que busca documentar procesos de gentrificación en Guadalajara.

En enero de 2012, en el último respiro de Felipe Calderón como presidente, se dio a conocer el proyecto de Ciudad Creativa Digital. La gentrificación que vivieron en Barcelona ahora se sentía en el centro tapatío.

“Fue clarísimo, ahí viene la inversión pero al estilo Guadalajara, al estilo mexicano, desde los proyectos mal hechos. En realidad, todo eso forma parte de la especulación inmobiliaria. Decir que iba a haber un hub digital, que iban a llegar empresas como Microsoft, de videojuegos… Desde el discurso es una manera de atraerlos”, dice Héctor.

El también profesor de Psicología Social en el ITESO señala que, desde entonces, en el Centro Histórico tapatío se han desarrollado proyectos que buscan el “blanqueamiento por despojo”.

Al proyecto de Ciudad Creativa Digital siguió el de la Línea 3 del Tren Ligero, después la construcción del nuevo Mercado Corona y luego la peatonalización de la calle Mezquitán. “Vienen otros proyectos, uno tras otro… por supuesto que es una estrategia económica sobre el territorio”.

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Héctor adoptó el concepto que utilizaron los vecinos de la colonia Roma, en la Ciudad de México, cuando el barrio se gentrificó. Se trata, dice, de introducir la ética de la blanquitud. Es una “ética capitalista en los cuerpos, los espacios… de la blancura racial, los cuerpos dinámicos y competitivos. Lo ves en las estrategias de movilidad, por ejemplo. Sólo hay que ver las bicicletas públicas. Nosotros estábamos en un movimiento por el transporte público, después de que atropellaron a Fernanda Vázquez [estudiante de la Universidad de Guadalajara muerta por una unidad del transporte público en 2014]. En ese tiempo lanzan las bicicletas y ves la atención que eso recibe… eso no es solucionar el problema del transporte público: es posicionar un valor. Es como decir que si te mueves en bici prácticamente eres un activista político”.

Desde entonces, Cuerpos Parlantes busca conectar las agendas de los vecinos que se ven amenazados por proyectos urbanísticos que no contemplan a los habitantes originarios. Y ahí los tienes: con las mujeres que se resisten a entregar el Parque Morelos a Ciudad Creativa Digital; con los comerciantes afectados por el nuevo Mercado Corona; con los vecinos del barrio de Mexicaltzingo, quienes buscan registrar la vida alrededor de un jardín que pretenden convertir en estacionamiento; y, por qué no, los domingos por la tarde también en El Santuario, donde, después de cuatro años de construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, por fin regresó el danzón a la plazoleta.

“Hay cosas bastante sorprendentes que hemos aprendido en estos años. Nos queda claro que todos los procesos capitalistas tienen que ver. Es una guerra contra los pobres: generar poblaciones desecho, hacerlas a un lado cuando estorban. Tenemos que aprender a vivir con quienes tienen otra forma de vida y que a veces no entendemos”.

 Del aprendizaje, dice que también hay otras cosas bastantes chidas: “Hay una confianza de decir que, si quieres algo con el barrio, todos nos tenemos que hacer responsables”. Aunque hay vecinos que se ostentan como representantes, y políticos que buscan cautivarlos con títulos nobiliarios, “lo importante es convivir. Ponerte de acuerdo, porque los consensos tardan en llegar. Hay altibajos y no queda de otra que persistir”.

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Colaboratorio de la vida urbana

Hace año y medio, Héctor Robledo decidió emprender un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) en el ITESO. Se llama Colaboratorio de la Vida Urbana. Como parte de ese proyecto, los jóvenes visitan las zonas en riesgo de ser gentrificadas, para llevar registro de los predios, de las personas y, sobre todo, de las maneras en que los habitantes resisten.

Una vez que participan en las asambleas o reuniones vecinales, Héctor no tiene duda alguna acerca de que falta prestarnos atención unos a otros y articular los discursos, las luchas y los movimientos. Es simple: “Solos no podemos. Uno de los alumnos ha dicho que la gentrificación es un desplazamiento inducido, porque la gente se va. Que te aumenten de un año a otro mil pesos de renta, para muchos es imposible. ¿Qué haces? ¿Cómo te sostienes ante una noticia así? Para reflexionar acerca de eso es que hacemos esto”.

Desde el pap, los estudiantes se cuestionan su formación profesional: “Hay gente de Arquitectura que llega y dice que toda la carrera le enseñaron a gentrificar. Tenemos discusiones, revisión de teorías y visitas en campo, y eso les vuela la cabeza, porque a partir de entonces se dan cuenta de que tienen que diseñar una ciudad tomando en cuenta a la gente, y ya no quedarse en un diseño desde el despacho”.

Como parte de las actividades del Verano Internacional 2019, el ITESO ofreció la asignatura Psicología Social, Gentrificación y Cultura, impartida por los especialistas Nizaiá Cassián (Universidad Oberta de Catalunya) y Mauro Castro (Universidad Politécnica de Catalunya), quienes dialogaron sobre los cambios que vive Guadalajara.

Castro señaló que existen factores recientes que favorecen la gentrificación. Uno es el proceso de “turistificación”: hay gente que ha fomentado una oleada de estas experiencias. El otro es el concepto de economía colaborativa de plataformas de rapiña, como Airbnb, de alquiler vacacional por temporadas, que fomenta la mercantilización de lo urbano. Son fenómenos globales cada vez más hegemónicos.

Por su parte, Cassián celebró la riqueza y la pluralidad en los diferentes enfoques y disciplinas que, por dos semanas, discutieron en las aulas. “Todas las carreras tienen un compromiso de pensar las ciudades, el derecho a la ciudad desde su disciplina”. .

La dificultad de tener una vivienda en México

Ante una realidad en la que seis de cada 10 mexicanos no tienen acceso a mecanismos formales de vivienda, la autoconstrucción en zonas de alta fragilidad sigue siendo el recurso más socorrido para quienes buscan tener dónde vivir. Es decir: consiguen un terreno, levantan una vivienda en zonas riesgosas, y sólo el tiempo sabrá decirles si esa apuesta fue buena.

“Parece ridículo decirlo, pero todos tenemos acceso a la vivienda, a excepción de los indigentes. Aquí la pregunta es acerca de la calidad de la vivienda. Este acceso está en función de la capacidad económica”, señala Alejandro Mendo Gutiérrez, profesor e investigador del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO.

El diagnóstico que realizó en 2018 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que 45 por ciento de las viviendas mexicanas requiere intervenciones urgentes para hacerlas dignas. En Chiapas, 96 de cada 100 tienen alguno de los siguientes problemas: falta de agua, de electricidad, de piso firme, de drenaje o de menaje.

En contraste, Jalisco es el segundo estado con más entregas de apoyos para la vivienda, como parte de los mecanismos de acceso a la vivienda formal, con apenas 9 por ciento. En pocas palabras, muy pocas personas tienen casa propia. Vivimos bajo un techo que no es el nuestro, sino que es alquilado. La vivienda como servicio se ha hecho costumbre. Porque los precios de los alquileres obedecen a la mera especulación.

De acuerdo con Mendo Gutiérrez, existe una sobreestimación de la demanda de los predios habitables. “Quienes son los propietarios de los inmuebles usan como atractivos los equipamientos públicos, como los escolares o de salud; incluso, los centros comerciales; como estos predios se ubican dentro de las zonas urbanas consolidadas, están provistos de buenos servicios, agua, transporte, nunca se inundan. A mayor cantidad de estos atractivos, mayor especulación”.

La especulación es como un cáncer de las ciudades, porque ocasiona que el precio del alquiler se eleve de manera desproporcionada en lugares como Guadalajara, donde el promedio salarial no rebasa los cuatro mil pesos, dice el investigador.

Ante esto, valdría la pena buscar alternativas. Mendo Gutiérrez señala que existen casos interesantes en el sur de Jalisco, sobre todo en Sayula y Zapotlán el Grande. Se trata de cooperativas ciudadanas de vivienda. “Unas 50 familias adquieren, entre todas, un predio, digamos una o dos hectáreas; lo van urbanizando… Luego, entre ellas hacen esfuerzos coordinados para ayudarse en la construcción de su vivienda, y es una forma de solidarizarse”.

Estas alternativas, aunque podría decirse que son exitosas porque cumplen el objetivo de que todos dispongan de un espacio, son insuficientes y se propagan poco porque existe “un discurso neoliberal que las tacha de ‘comunistoides’ o ‘socialistas’”.

Otra vía es la institucional. Mendo Gutiérrez menciona el caso de Ciudad de México, donde, tras los sismos de 2017, “el gobierno entendió que debe retener a los pobladores”. Con el apoyo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesores del Instituto Politécnico Nacional se crearon prototipos de vivienda de buena calidad a precios asequibles. “Eso es lo que se llama producción de vivienda social. Aquí lo que tenemos que exigir es que, cuando haya un edificio, se genere la mixtura. Que un departamento sea para adultos mayores, otro para matrimonios jóvenes, otro para migrantes, otro para indígenas. Eso es lo que hace que exista el famoso tejido social”.

 

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